La creciente crisis humanitaria en Venezuela ha llevado a varios países a exigir a la Corte Penal Internacional una intervención más contundente. Denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones a los derechos humanos han puesto en evidencia la gravedad de la situación.
Argentina ha denunciado el asedio a su misión diplomática en Caracas, mientras que Panamá y Uruguay han expresado su preocupación por la demora en la investigación de los crímenes cometidos en el país.
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