La Ley 560 del 14 de octubre de 2026 fue promulgada en la Gaceta Oficial Digital No. 30635 A, modificando y adicionando artículos a la Ley 304 de 2022 sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos y sus ecosistemas asociados. La medida entra en vigor tras un prolongado choque de criterios entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo.
El texto legal establece que el Ministerio de Ambiente será la entidad responsable de regular la construcción, modificación o cualquier tipo de actividad en las aguas y el sustrato de los ecosistemas de pastos marinos y sus áreas asociadas, prohibiendo aquellas acciones que causen daños irreversibles a su salud ecosistémica. Asimismo, la norma adiciona el artículo 12-A para prohibir actividades que impliquen daño directo o irreversible a los arrecifes de coral.
Un convulso trámite legislativo
La iniciativa —originalmente presentada como el Proyecto de Ley 571 por el diputado de Bocas del Toro, Benicio Robinson— fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional en septiembre de 2026.
Posteriormente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ejerció su veto presidencial al considerar el proyecto inconveniente e inexequible. Entre los argumentos del Ejecutivo se objetó que las modificaciones flexibilizaban el rigor de la tutela ambiental sobre los ecosistemas marino-costeros frente al desarrollo inmobiliario y costero, al tiempo que delegaban aspectos clave de la conservación a reglamentaciones administrativas posteriores.
A pesar del rechazo del Ejecutivo, la Asamblea Nacional aprobó el texto por insistencia en el pleno legislativo, obligando a la promulgación final de la norma expedida por el Ejecutivo el 14 de octubre de 2026.
Debate entre desarrollo y conservación
El resultado del trámite abre un nuevo escenario en la gestión ambiental del país. Mientras que los defensores de la norma argumentan que la ley aclara el marco regulatorio y permite un manejo ordenado de los recursos sin desproteger los arrecifes, sectores ambientalistas y científicos han expresado su inquietud ante el riesgo de que la interpretación de conceptos como «daño irreversible» o la regulación posterior del Ministerio de Ambiente abran espacio a proyectos en zonas costeras vulnerables.
