Se puede hacer actualmente un referendum para determinar cierre o apertura de la mina de Donoso?
Roderick R. Gutiérrez Pérez
Empresario | CEO de GRUPO CAMSA Panamá | Especialista en Proyectos de Desarrollo de Alto Impacto y Sostenibilidad Empresarial | Expresidente de la Cámara Minera de Panamá
La respuesta jurídica debe decirse sin rodeos: actualmente no se puede convocar en Panamá un referéndum nacional vinculante para decidir la reapertura o el cierre de un proyecto minero individual. La Constitución y el Código Electoral no han creado ese mecanismo. Presentarlo como una salida inmediata confunde a la ciudadanía y desvía el debate de las decisiones que realmente deben adoptarse.
La Constitución reserva el referéndum nacional para materias expresamente señaladas. Los artículos N° 313 y N°314 lo regulan para determinadas reformas constitucionales y para aprobar una nueva Constitución surgida de una Asamblea Constituyente Paralela. El artículo 325 lo exige para tratados, convenios y proyectos específicos relacionados con el Canal de Panamá. Ninguna de estas normas incluye concesiones o proyectos mineros.
Existe el referéndum municipal del artículo N°239, limitado a asuntos atribuidos a los concejos municipales. El municipio de Donoso no puede convertir mediante acuerdo local una competencia nacional en municipal. Por su parte, los artículos 485 al 487 del Código Electoral disponen que el Tribunal Electoral convoca referéndums nacionales en los casos previstos por la Constitución: reglamenta el procedimiento, pero no crea una facultad nueva.
La decisión jurídica sobre una actividad minera corresponde a los órganos estatales competentes, mediante leyes, concesiones, contratos, permisos y procedimientos administrativos. Cada actuación debe quedar sujeta al interés público, la protección ambiental, el debido proceso, la fiscalización y el control judicial. El voto ciudadano puede orientar un debate político, pero no sustituye por sí solo esas competencias, autorizaciones ni responsabilidades.
Esto tiene una explicación científica. Decidir sobre una mina exige evaluar agua, biodiversidad, estabilidad de estructuras, relaves, reforestación, seguridad, empleo, costos y riesgos para las comunidades. La auditoría integral de Cobre Panamá ya fue concluida y entregada al Estado, aportando información técnica para decidir. Las intituciones del Estado, también exigen evaluación ambiental sustentada en participación pública y una papeleta de “SÍ” o “NO” no reemplaza esas evidencias.
Por eso preocupa que algunos abogados, figuras políticas y sectores contrarios al desarrollo utilicen una lectura incompleta de la ley para venderle a la ciudadanía un mecanismo que actualmente no existe. Plantearlo como una solución rápida no resuelve el problema; puede generar falsas expectativas, aumentar la polarización y abrir nuevas controversias jurídicas.
Panamá ya ha invertido tiempo, recursos y conocimiento en una auditoría independiente. Ignorar ese trabajo para iniciar una discusión sobre un referéndum sin fundamento vigente significaría retrasar el proceso, repetir debates y posponer decisiones que corresponden al Estado. La participación ciudadana es necesaria, pero debe incorporarse dentro de procedimientos legales y técnicos, no mediante atajos que después puedan ser anulados.
Como panameño y empresario, defiendo el derecho de todos a ser informados y escuchados. Pero también defiendo la verdad jurídica. Hoy no se puede decidir un proyecto minero mediante referéndum nacional vinculante. Lo responsable es utilizar la auditoría, la ciencia, la ley y el diálogo para construir una decisión transparente, ambientalmente segura y beneficiosa para Panamá, con seguridad jurídica y visión de futuro. El país necesita soluciones ejecutables, no mecanismos inexistentes que prolonguen la incertidumbre.
Roderick R. Gutiérrez Pérez
Empresario | CEO de GRUPO CAMSA Panamá | Especialista en Proyectos de Desarrollo de Alto Impacto y Sostenibilidad Empresarial | Expresidente de la Cámara Minera de Panamá
