El pleno de Asamblea Nacional, respaldando el estado de emergencia como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciosa covid-19, aprobó ,en tercer debate ,el proyecto de Ley # 299 ,por la cual se dicta medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles.
La normativa ,presentada por la diputada Kayra Harding , establece suspender por un término de 120 días en la República de Panamá todos los lanzamientos y desalojos de bienes inmuebles particulares destinados para habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes.
Además fija que la deuda acumulada por dicha suspensión será prorrateada a veinticuatro meses, una vez finalizado el estado de emergencia nacional sanitaria.
En la exposición de motivos se dan los criterios que la paralización económica de ciertos sectores del país van a ocasionar que muchos arrendatarios de bienes inmuebles particulares destinados para uso habitacional y otros, estén incapacitados de poder pagar sus obligaciones, producto de la suspensión de su fuente de ingreso económico o despido.
Se sustenta que el derecho a la vivienda no lo podemos considerar aislado de todos los demás derechos humanos, ya que la vivienda es un derecho y un lugar que satisface las necesidades básicas.
Por lo tanto, las acciones que se realicen como el desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otras amenazas, se les debe proteger a los inquilinos en estos momentos en que se encuentran ante un estado de emergencia nacional, ante el COVID-19.
