Por Harmodio Arrocha
Más de 6.5 millones de balboas en prestaciones finales han sido reconocidos a favor de exfuncionarios públicos en los últimos dos años y un mes, pero B/.3.64 millones de ese dinero todavía están pendientes o en proceso de pago, según el balance oficial del Tribunal Administrativo de la Función Pública.
El Tribunal, que comenzó a operar en agosto de 2024 para resolver conflictos entre servidores públicos y las entidades estatales que los emplean, ha resuelto 944 procesos hasta el 15 de septiembre de 2026, con órdenes de pago por un total de B/.6,545,613.87.
La cifra incluye reclamaciones relacionadas con prestaciones finales que corresponden a exempleados del Estado, entre ellas vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad y otros derechos laborales.
Del dinero reconocido por el Tribunal, B/.1,116,889.62 ya fueron pagados directamente a los beneficiarios, mientras que otros B/.1,643,420.45 se encuentran en proceso de ejecución.
A estos montos se agregan B/.137,880.77 correspondientes a procesos que fueron resueltos mediante acuerdos de mediación entre los exfuncionarios y las instituciones públicas involucradas.
Nelly González- Magistrada del Tribunal Administrativo
Más de la mitad sigue pendiente
El dato que sobresale del balance es que B/.3,647,423.03, equivalentes al 56% del monto total ordenado, permanecen pendientes o en proceso de pago.
Esto significa que de cada 100 balboas reconocidos por el Tribunal a favor de exfuncionarios, alrededor de 56 balboas todavía no han sido efectivamente pagados.
El 44% restante corresponde a los montos que ya fueron cubiertos mediante pagos directos, procesos de ejecución concretados y acuerdos de mediación alcanzados entre las partes.
El Tribunal sostiene que su existencia garantiza a los ciudadanos una vía para reclamar los derechos económicos que consideran pendientes luego de finalizar su relación laboral con una institución pública.
Sin abogado y sin costo
Uno de los elementos del procedimiento es que el exfuncionario puede presentar su reclamación mediante un proceso sencillo, informal y gratuito, sin necesidad de contratar un abogado para iniciar el trámite.
Una vez analizado el caso, si el Tribunal determina que existe un derecho a favor del exfuncionario, emite una Resolución Final en la que ordena a la institución correspondiente efectuar el pago.
Cuando la entidad estatal no cumple con esa orden, el beneficiario puede solicitar al Tribunal que proceda con la ejecución de la institución incumplida, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 23 de 2017.
El balance también refleja que la mediación se ha convertido en otra vía para resolver algunos de estos conflictos, permitiendo que las partes alcancen acuerdos sin tener que completar todo el proceso administrativo.
Las cifras oficiales muestran así que, desde su puesta en funcionamiento, el Tribunal ha reconocido más de B/.6.5 millones en derechos económicos reclamados por exfuncionarios, aunque todavía queda por concretar el pago de una suma superior a B/.3.6 millones.
Para la entidad, estas decisiones contribuyen además a generar una mayor cultura de cumplimiento en las instituciones públicas, al establecer un mecanismo mediante el cual los exempleados pueden reclamar formalmente sus prestaciones y obtener una decisión sobre sus derechos.
El reto ahora está en que las órdenes de pago se traduzcan en dinero efectivamente recibido por quienes obtuvieron una decisión favorable, especialmente en los casos que permanecen pendientes de ejecución.
