El pago de seguros privados a funcionarios del gobierno de Panamá es un tema altamente polémico y ha generado un intenso debate público y político. La principal crítica se centra en el uso de fondos públicos para beneficios que se consideran un privilegio, especialmente en un país donde la Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta graves problemas financieros y de servicio. Se argumenta que es un doble gasto, ya que el Estado paga millones a aseguradoras privadas a pesar de que los funcionarios ya cotizan a la CSS. Esto crea una desigualdad, donde los altos funcionarios tienen acceso a una atención médica de primer nivel en clínicas privadas, mientras que el resto de la población depende de un sistema de salud público con deficiencias. Diputados y la sociedad civil exigen que esas partidas presupuestarias sean eliminadas y que esos fondos se destinen a mejorar la CSS, la educación o la infraestructura. Se menciona el caso del Órgano Judicial, que destina 15 millones de dólares a una póliza privada. Se reta a los funcionarios de alto mando a usar los servicios de salud públicos para que puedan ver de primera mano los problemas y tener un incentivo para mejorar el sistema
