El Órgano Judicial de la República de Panamá ha dado un paso firme en el blindaje de su infraestructura y sus procesos internos. A través de una nueva disposición, se ha declarado formalmente como «información de acceso restringido» una serie de registros que, hasta ahora, se encontraban en una zona gris administrativa. La medida abarca desde las cámaras de seguridad de todas las sedes del país hasta los debates privados que mantienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Vigilancia extrema: Ni videos ni direcciones IP Uno de los puntos más destacados de la resolución es la protección total sobre el sistema de videovigilancia. La restricción no solo incluye las grabaciones de video en soporte digital o físico, sino que va un paso más allá al proteger las direcciones IP de los equipos de seguridad. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de prevenir ataques cibernéticos o vulnerabilidades que permitan a terceros inhabilitar las cámaras o acceder a ellas de forma remota. Según el documento, la divulgación de estos datos podría poner en «peligro la seguridad de los expedientes judiciales y las evidencias», elementos críticos en procesos penales de alto perfil. ¿Quién entra y quién sale? Un registro bajo llave Las bitácoras de la Dirección de Seguridad también quedan fuera del alcance del público. Los nombres, horas de entrada y salida de funcionarios y visitantes a las dependencias judiciales y administrativas a nivel nacional ahora son considerados información sensitiva.
