El inicio del proceso para la redención de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) ha desatado una fuerte controversia en el país. Para el dirigente de los jubilados, Guillermo Cortés, la situación actual revive de inmediato el debate sobre el espíritu original de la Ley 15 de 2017 y pone bajo la lupa el destino de los fondos públicos estatales destinados a cubrir los intereses por mora de la histórica deuda del Décimo Tercer Mes. El conflicto central radica en las condiciones de canje en las que los beneficiarios están recibiendo su dinero. Según los reclamos, el Banco Nacional de Panamá pretende aplicar un cobro de interés o porcentaje de descuento a los jubilados que acuden a cambiar estos bonos de manera anticipada. Ante esto, el movimiento de jubilados exige firmemente que los certificados sean redimidos en su totalidad (al 100% de su valor), sin que se les reste un solo centavo de lo que por derecho les corresponde. Exigen investigar el paradero de los fondos de corrupciónCortés recordó que la Ley 15 de 2017 dejó claramente establecido que los fondos para pagar esta deuda debían provenir, entre otras fuentes, del dinero y los bienes recuperados de los casos ejecutoriados de corrupción contra la administración pública. A raíz de las trabas financieras actuales y de los argumentos sobre la falta de liquidez inmediata, el dirigente señaló que es imperativo realizar una investigación profunda: «Esta ley revive el espíritu de fiscalización. Nos va a permitir investigar formalmente dónde está el dinero de los casos contra la administración pública que ya tienen resoluciones ejecutorias en firme», advirtió, cuestionando por qué se les quiere recortar el pago a los adultos mayores si teóricamente existen fondos recuperados para este fin.
