El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles el informe elaborado por la comisión interministerial conformada hace tres meses para analizar de manera integral la situación del proyecto minero de cobre. Durante el acto de entrega, el mandatario destacó que este estudio técnico, ambiental y económico busca brindar claridad sobre un problema de escala continental que afectó a miles de familias tras la paralización del sitio.
El gobernante fue enfático al señalar que el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia el 27 de noviembre de 2023 se acata en su totalidad. Sin embargo, aclaró que la resolución judicial cerró un contrato, pero no resolvió la gestión operativa y ambiental diaria de las instalaciones (tina de relaves, tajos abiertos, planta eléctrica y puerto), las cuales se encuentran detenidas y no cerradas formalmente.
Impacto socioeconómico
Durante su discurso, el mandatario expuso las cifras presentadas por la comisión sobre las consecuencias tras el cierre del proyecto:
-
Empresas afectadas: Alrededor de 1,500 empresas panameñas (el 75 % micro, pequeñas y medianas) perdieron un mercado comercial de aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales.
-
Pérdida de empleos: Se registraron más de 6,000 empleos directos y más de 30,000 indirectos perdidos.
-
Afectación poblacional: Se calcula que cerca de 144,000 personas perdieron su sustento directo o indirecto.
-
Prioridad a las comunidades: Mulino dirigió un mensaje directo a los habitantes de Donoso, Omar Torrijos, La Pintada y Coclesito, asegurando que sus necesidades y el impacto ambiental asumido serán la máxima prioridad en este proceso.
Los 6 principios innegociables
El presidente estableció seis condiciones indispensables sobre las cuales se fundamentará cualquier decisión futura del Ejecutivo:
-
Acatamiento íntegro de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
-
Rectoría del Estado y titularidad de la nación sobre el yacimiento.
-
Cero costo fiscal para los panameños (cualquier plan o arreglo debe ser autofinanciado por el propio sitio).
-
Transparencia verificable, no meramente declarativa.
-
Prioridad para las comunidades que soportaron el impacto del cierre.
-
Supervisión independiente bajo estándares internacionales.
Próximos pasos y consulta pública
El mandatario confirmó que el informe completo es de acceso público inmediato para la revisión de la ciudadanía, universidades, medios de comunicación y organizaciones. Asimismo, adelantó que analizará detenidamente el documento junto a su Gabinete y asesores legales sin apresurar los tiempos.
Mulino concluyó señalando que cualquier decisión final será anunciada personalmente por él, con sustento técnico y sin recurrir a filtraciones o especulaciones.
