El cobro de dietas por parte de altos funcionarios y ciudadanos particulares que integran las juntas directivas del Estado panameño se sitúa en el centro de un intenso debate nacional sobre la transparencia y la austeridad en el gasto público. La controversia cobró un nuevo giro tras la decisión de la Contraloría General de la República de suspender temporalmente la presencia de sus delegados en dichos organismos colegiados mientras espera una consulta jurídica de la Procuraduría de la Administración. El panorama actual combina la postura cautelar del ente fiscalizador con las propuestas legislativas y las marcadas disparidades en las retribuciones que perciben los directivos estatales. La postura de la Contraloría: Fiscalización sin cobro de dietas La Contraloría precisó que la suspensión de sus representantes en las directivas busca definir de manera clara si estos servidores deben ser catalogados bajo la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y delimitar sus responsabilidades legales. Desde el ente fiscalizador se ratificaron los dos pilares que rigen la actuación de sus enviados: • Voz sin voto: Los representantes de la Contraloría acuden a las sesiones en calidad de fiscalizadores preventivos. No toman decisiones administrativas ni votan las resoluciones de los directivos. • Prohibición de cobro: Al ser un trabajo de auditoría ejecutado dentro de su horario laboral y bajo su salario ordinario, los funcionarios de la Contraloría no perciben dietas por asistir a estas reuniones. Particulares y altos funcionarios: La disparidad de las dietas A diferencia de los auditores de la Contraloría, una importante cantidad de funcionarios con mando y jurisdicción —como ministros o directores de entidades—, así como representantes del sector privado y la sociedad civil, sí devengan dietas por participar en las juntas directivas.
