La Arquidiócesis de Panamá presentó este martes 22 de septiembre un informe de valoración institucional sobre su respuesta ante denuncias de abusos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables, abarcando el período de 2001 a 2025. La evaluación fue encomendada de forma voluntaria a una comisión externa, a la cual se le otorgó acceso a los archivos eclesiásticos bajo el compromiso previo de publicar sus hallazgos de manera íntegra. El documento identifica un total de 37 denuncias con constancia documental en los archivos analizados. De este universo, la Comisión determinó que en 24 casos existía una responsabilidad institucional evaluable de la Arquidiócesis. Los 13 expedientes restantes correspondieron a otras diócesis (7 casos), quedaron fuera del objeto de estudio por su materia o período (5 casos), o carecían de datos para su ubicación (1 caso). Principales hallazgos: informalidad administrativa y falencias de registro El informe aclara que la problemática principal detectada no radica en una política deliberada de ocultamiento o negación, sino en una marcada «cultura de la informalidad» e indocumentación administrativa que impidió la trazabilidad de los procesos. Entre los datos clave recogidos sobre las 24 causas evaluadas destacan: Pérdida de trazabilidad procesal: Aunque existen evidencias de que las denuncias se recibieron e investigaron, la documentación decae en las fases posteriores. El año de la denuncia consta en 20 expedientes y la identidad de la víctima en 16; sin embargo, solo en 7 consta la apertura de una investigación previa, en 2 la resolución final y en ninguno aparece registro de notificación de la resolución a las partes. Origen de las denuncias: El 65% de las denuncias registradas (13 de 20 con vía conocida) fueron presentadas directamente por las personas afectadas, mientras que el resto llegó a través de familiares o terceros y una fue anónima. Ninguna actuación se inició de oficio.
