El Gobierno creó la Unidad de Coordinación Legal (UCL), adscrita al Ministerio de Gobierno, con el propósito principal de asistir y representar legalmente a los ministerios y entidades públicas en los procesos penales en los que actúen como querellantes. Esto pretende asistir y representar a ministerios y entidades públicas en procesos penales en calidad de querellantes, especialmente en casos relacionados con delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico, o cuando se vean afectados sus bienes. La Unidad dependerá del Ministerio de Gobierno y se fundamenta en el Código Procesal Penal, que considera a las instituciones y entes públicos como víctimas del delito y les permite actuar como querellantes coadyuvantes en ciertos casos. Los representantes legales de las entidades deberán otorgar poder a los abogados de la UCL donde los servidores públicos deben mantener informada a la UCL sobre todos los procesos penales donde el Estado requiera representación. El Ministerio de Gobierno proveerá los abogados penalistas necesarios mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asegurará las asignaciones presupuestarias para su funcionamiento. Las Funciones Principales son Asesoría sobre acciones penales, Coordinación y revisión/estudio de casos para la presentación de querellas, Instalación de mesas de trabajo para la revisión de casos penales, Apoyo en la preparación de querellas y documentos legales y rendir informes del estatus de los casos a las entidades
