Este 5 de junio, Panamá se une a la comunidad global para conmemorar una doble efeméride de alta prioridad ecológica: el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR). La coincidencia de ambas fechas pone bajo el reflector la urgente necesidad de salvaguardar los ecosistemas de un país que cuenta con más de 2,490 kilómetros de costas, pero que a la vez libra una dura batalla fiscalizadora en sus aguas territoriales. A nivel global, las cifras de las Naciones Unidas y la FAO son alarmantes. Se estima que la pesca ilegal es responsable de la pérdida de hasta 26 millones de toneladas de pescado al año, lo que representa casi una quinta parte de las capturas mundiales y un impacto económico devastador que oscila entre los $10,000 y $23,000 millones de dólares anuales. Para Panamá, este escenario no es ajeno. El istmo, conocido por su posición geográfica estratégica y una flota mercante de abanderamiento masivo, ha estado bajo el escrutinio de mercados internacionales como la Unión Europea (UE), enfrentando advertencias («tarjetas amarillas») debido a las deficiencias históricas en el control de la pesca ilegal. El escenario en las aguas panameñas A nivel local, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), en conjunto con organizaciones ambientales, ha intensificado los operativos en áreas críticas y zonas protegidas como el Archipiélago de las Perlas, el Golfo de Chiriquí y el Parque Nacional Coiba. En estas regiones, especies vulnerables como el pepino de mar (cuya extracción está totalmente prohibida por veda permanente) y los tiburones sufren la presión de la pesca furtiva, impulsada por la alta demanda de los mercados asiáticos.
