febrero 27, 2021

Proteccion de la niñez es una obligación del Estado dicen Sociologos

1. Para el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, la presentación del Informe de la “Subcomisión que investiga las denuncias presentadas de maltrato a menores en albergues de niños, niñas y adolescentes regentados por SENNIAF”, ha evidenciado la negligencia, el desinterés y la falta de políticas públicas cónsonas con la realidad de la niñez y la adolescencia, dado que la situación encontrada era de conocimiento de varias administraciones gubernamentales, advertidas en las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño (a) de Naciones Unidas.

2. El Estado panameño, como signatario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña (CDN), aprobada mediante Ley No. 15 de 6 de noviembre de 1990, al igual que los 196 países que la han ratificado, está obligado a rendir informes periódicos sobre el cumplimiento de la CDN y presentarlos ante el Comité de los Derechos del Niño (a) de Naciones Unidas, organismo compuesto por especialistas independientes, quienes los examinan minuciosamente. Los últimos informes que Panamá presentó ante la instancia internacional de seguimiento de la CDN fueron dos, el V y VI, dado que llegaron juntos en enero de 2018. El Comité de expertos(as) hizo recomendaciones al Estado panameño en la 2282ª sesión, celebrada el 2 de febrero de 2018. En las observaciones vinculadas al “Entorno familiar y modalidades de cuidado” señalaron que: “…el Comité hace hincapié en que la pobreza material y económica, o las condiciones imputables directa y exclusivamente a esa pobreza, no deben constituir nunca la única justificación para separar a un niño del cuidado de sus padres, para recibir a un niño en acogimiento alternativo o para impedir su reinserción social.”

3. Recomendaron acciones para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes (NNA) que estaban en “albergues”:

“a) Garantice salvaguardias adecuadas y criterios claros, sobre la base de las necesidades y del interés superior del niño, para determinar si un niño debe ser confiado a modalidades alternativas de cuidado;

b) Redoble los esfuerzos por acelerar la reducción del número de niños institucionalizados, en particular asignando suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para poder reducir la demora en los trámites y procesos de investigación, ampliando el proceso de desinstitucionalización a las instituciones públicas, alentando a las familias de guarda a que adopten niños con independencia de su edad o su discapacidad y aportando a las familias aptas la formación y el apoyo necesarios para asumir debidamente el cuidado de un niño con discapacidad;

c) Redoble los esfuerzos por capacitar al personal de los albergues en la aplicación del Protocolo para la atención de la niñez sin cuidado parental en albergues y asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para dar seguimiento a su aplicación;

d) Acelere la regularización de los albergues;

e) Vele por la regulación adecuada del sistema de acogimiento familiar y aplique enteramente el Programa de Familia Acógete.”

4. En cuanto a la legislación, tomando en cuenta la existencia de un proyecto de ley integral de la niñez:

“El Comité observa que ha avanzado el proceso de aprobación de la ley que crea el Sistema de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de la Infancia, Niñez y Adolescencia, pero le preocupa que la ley todavía no se haya aprobado. Le preocupa especialmente la limitación sistemática por el Estado parte de los derechos del niño, presentado como un ser violento y necesitado de protección y orientación y no como un titular de derechos, así como la manera en que esta opinión incide en la realización de esos derechos.”

 

Y reiteró: “…e insta al Estado parte a que agilice la aprobación de una ley amplia sobre los derechos del niño que presente a éste como titular de derechos y no como objeto de protección, en consonancia con las disposiciones y los principios de la Convención y de conformidad con la observación general núm. 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención. El Comité también recomienda al Estado parte que asigne recursos humanos, técnicos y financieros adecuados y suficientes para aplicar esta ley y crear el Sistema de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de la Infancia, Niñez y Adolescencia a escala nacional, provincial y municipal.”

5. El Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá les recuerda a los tres órganos del Estado su obligación de aplicar el principio del Interés Superior del Niño y la Niña, ya que cada uno tiene responsabilidades por igual. La Asamblea Nacional debe aprobar el proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con urgencia notoria. El Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones de oficio y expeditas. El Órgano Ejecutivo debe aplicar las Políticas Públicas de Estado creando el Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con equipos de alto nivel técnico, que ya existen en el país. Las respuestas deben ser integrales ahora, no para apagar el escándalo de una coyuntura, sino para hacer justicia a los niños, las niñas y los (as) adolescentes de hoy en sus derechos establecidos en la CD

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