Aprueban $700 millones en créditos adicionales para entidades públicas

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó más de 700 millones de dólares en créditos adicionales para diversas entidades del sector público, con el fin de atender pagos de cuentas pendientes y fortalecer sus presupuestos.

Más de 20 entidades acudieron a la Comisión para solicitar estos recursos, los cuales serán destinados a cubrir una amplia gama de compromisos, incluyendo:

• Pagos a proveedores por bienes y servicios
• Adquisición de medicamentos e insumos médicos
• Cumplimiento de obligaciones laborales
• Ejecución de obras de infraestructura
• Funcionamiento de las instituciones

El viceministro de Economía, Carlos González, manifestó que la aprobación de estos créditos adicionales es parte de la estrategia del Gobierno Nacional para sanear las finanzas públicas. Explicó que se encontraron con una gran cantidad de cuentas por pagar sin registro, por lo que se están haciendo esfuerzos para honrar las obligaciones pendientes y poner al día las finanzas del Estado.

Entre las entidades que recibieron créditos adicionales se encuentran:

• Ministerio de Relaciones Exteriores: Para pagos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
• Ministerio de Economía y Finanzas: Para pagos al Fondo de Estabilización Tarifaria, el Fondo Tarifario de Occidente, el Fondo de Ahorro de Panamá y AES PETROTERMINAL.
• Ministerio de Gobierno: Para el pago de contratos de alimentos para los privados de libertad.
• Ministerio de Desarrollo Social: Para el pago a comercios por el vale digital, de febrero a octubre de 2023.
• Ministerio de Vivienda: Para pagos pendientes del Fondo Solidario de Vivienda, el Programa de Mejoramiento Mi Barrio, el Proyecto Miguel “Mickey” Sierra, entre otros.
• Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A: Para pagos pendientes a proveedores y contratos.
• Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT): Para el pago de compensación de combustible y cuentas pendientes de pago al Banco Nacional de Panamá.
• Metro de Panamá: Para el fortalecimiento operativo, gastos en servicios básicos, limpieza, mantenimiento y conservación de las maquinarias y equipos.
• Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia: Para honrar gastos operativos.
• Transporte Masivo de Panamá, S.A.: Para hacer frente a gastos operativos, como servicios de limpieza de los buses, combustibles y lubricantes, repuestos para la flota de buses y otros gastos de la administración.
• Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA): Para cubrir pagos a proveedores de vigencia expirada y la adquisición de alimentos de primera necesidad.
• Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario: Para cancelar los compromisos pendientes de los servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos.
• Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA): Para cumplir con los compromisos pendientes de la asignación de emergencia ambiental a nivel nacional, para monitorear el clima.
• Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá: Para sufragar los compromisos pendientes de los ascensos al personal operativo.
• Ministerio de Salud: Para reforzar el presupuesto de funcionamiento del Instituto Oncológico Nacional, para la compra de medicamentos especializados en el tratamiento de cáncer.
• Ministerio de Economía: Para hacerle frente a obligaciones derivadas del Laudo del Caso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
• Ministerio de Ambiente: Para realizar el pago de las diferencias del décimo tercer mes.
• Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI): Para incorporar al presupuesto de funcionamiento recursos para el pago de la diferencia de la primera partida del décimo tercer mes a los docentes y administrativos.
• Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE): Para ejecutar obras de construcción y mantenimiento en cinco sedes educativas.
• Tribunal Electoral: Para cumplir con la renovación de contratos de funcionarios nombrados en el año 2023.

La aprobación de estos créditos adicionales es una medida necesaria para el buen funcionamiento del Estado y para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad a la población. Se espera que estos recursos sean utilizados de manera eficiente y transparente, y que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas.