diciembre 5, 2023

Asamblea nacional aprueba el Contrato minero

Calificado como el acuerdo más consultado en la era republicana del país, ratifican, en tercer debate, el proyecto de ley 1100, de concesión minera. La factibilidad social y económica al final fue lo que valoró el pleno de diputados para apoyar este documento suscrito por el Gobierno de Panamá y la empresa concesionaria. El resultado fue de 45 a favor, 9 en contra y dos abstenciones.

Tras un debate de casi nueve horas el jueves 19 de octubre, la Asamblea refrendó, este viernes 20, el proyecto 1100, que aprueba el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá, S.A.

Lo ratificado por el Primer Órgano del Estado tendrá vigencia desde su promulgación y es de carácter retroactivo. De acuerdo con este punto, es retroactiva porque el Estado debe recibir los beneficios contados desde su duración inicial, de 20 años, que es a partir del 2021.

El tema de la soberanía nacional queda subsanado cuando no existe ninguna cláusula o término en este contrato para que sea interpretada en el sentido de limitar o restringir, de forma alguna, la soberanía del Estado o el ejercicio de sus facultades constitucionales sobre el territorio nacional.

Este contrato tendrá una duración inicial de veinte años, contados a partir del 22 de diciembre de 2021, en caso de requerirse, se deja la opción de solicitar una prórroga por veinte años adicionales.

Se estipula una fianza de cumplimiento por la suma de B/. 70,000,OOO, la que se mantendrá vigente durante todo el período que dure la concesión y su prórroga, de haberla.

Dicha fianza es irrevocable y emitida a favor del Ministerio de Comercio e Industrias y de la Contraloría General de la República.

El uso del agua para el funcionamiento del Canal de Panamá tendrá preferencia al uso para la concesión.
No se vulnera el contrato en cuanto a daños al ambiente dentro del área de concesión.

Se crea una oficina especial e instalaciones para que funcionarios realicen labores de supervisión, monitoreo, control, seguimiento y/o verificación del cumplimiento de las normas ambientales.

El sector del Gobierno, sobre el papel de divulgación, reiteró en todas sus intervenciones que llevó a cabo un proceso de consulta pública por medio de la Plataforma Ágora, realizó audiencias públicas en las comunidades donde se desarrolla la actividad y que tiene impacto directo la operación minera, así como foros, talleres con asociaciones y gremios nacionales.

El artículo 257 de la Constitución Política de la República señala que las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado y podrán ser objeto de concesiones o contratos para su explotación, mientras que en el artículo 259 del propio texto dispone que las concesiones se inspirarán en el bienestar social y el interés público.

Antecedentes

Se trata del contrato, que, según propias palabras del ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, y del presidente de la Comisión Legislativa de Comercio, diputado Roberto Ábrego, ha sido el más consultado en la era republicana, tomando en cuenta su periplo previo a su primera negociación y luego su paso por la Asamblea Nacional, que recomendó cambios a este contrato minero.

El Gobierno Nacional hace de conocimiento público que, tras un arduo proceso de negociaciones y consultas, se alcanzó un acuerdo final con Minera Panamá, filial local de First Quantum Minerals, bajo el cual el Gobierno espera recibir para el país 10 veces más de lo que recibía bajo el contrato de 1997.

El contrato minero entre el Estado y Minera Panamá fue presentado, el jueves 3 de agosto, ante el pleno legislativo por el titular del MICI.

El 21 de agosto, la Comisión de Comercio del parlamento inicia el debate del Proyecto 1043.

Luego decide abrir un espacio de consulta el 28 de agosto con una lista de 226 inscritos, concluye el 7 de septiembre. Posteriormente, pasa su nivel de periplo a los distritos de Donoso y La Pintada.

El 18 de septiembre de 2023, la Comisión de Comercio suspendió el primer debate de esta normativa y recomendó al Ejecutivo su retirada para que se atendieran varias consideraciones de la sociedad civil y grupos organizados. Las modificaciones sugeridas se originaron de las consultas.

El 3 de octubre pasado, es cuando el Consejo de Gabinete autoriza el retiro del proyecto de contrato de la Asamblea Nacional.

Luego, el pasado 5 de octubre, la empresa Minera Panamá, S. A. informó que estaba dispuesta a analizar y revisar los ajustes mencionados en la resolución de la comisión de Comercio.

Finalmente, el 16 de octubre, el ministro  Alfaro Boyd vuelve a presentar el documento con las respectivas modificaciones.

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