mayo 28, 2024

Cuestionan manejo de auxilios económicos

Desde septiembre del año pasado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) cuestionó públicamente la falta de transparencia y la discrecionalidad en el otorgamiento de los Auxilios Económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). Por lo que, ante las nuevas revelaciones sobre este programa, no nos podemos quedar inmutables, ni mucho menos ser indolentes frente a un listado que pone al descubierto el descaro y la impunidad de quienes tienen el mandato de administrar los recursos del Estado. Además, evidencia la corrosión moral de un grupo de personas que aprovecha sus influencias y conexiones para asaltar el erario público sin consecuencia, mezclándose entre aquellos que merecen apoyo por méritos propios.

Igual de grave, es el hecho de que el Contralor General de la República, en lugar de hacer cumplir las obligaciones que la Constitución le impone de fiscalizar y controlar el uso de los fondos públicos, sea el protagonista de la falta de transparencia al refrendar una gran cantidad de los Auxilios Económicos. No siendo suficiente, ocultando los beneficiarios de miles de éstos. No existe justificación legal ni moral para que un funcionario público de tal envergadura justifique su complicidad por el evidente incumplimiento de sus funciones.

La educación es el elemento fundamental para el desarrollo de nuestro país, de allí que, creemos en el otorgamiento de becas a estudiantes que por sus méritos así lo merecen. Sin embargo, la forma en que ha sido utilizado estos mal llamados auxilios no nos permite ser meros espectadores por lo que, además de unirnos al clamor nacional exigiendo una investigación a fondo sobre el manejo antojadizo de estos fondos, nos encontramos estudiando los elementos legales que nos permitan denunciar ante el Ministerio Público este hurto descarado.

Tanto quienes orquestaron como quienes ejecutaron este esquema de distribución discrecional de fondos del Estado les debe caer todo el peso de la ley. Aquellos que recibieron dineros públicos sin necesidad tienen que devolverlos o enfrentar las consecuencias.  Caiga quien caiga.

En el próximo Debate Presidencial que organiza nuestro gremio, uno de los ejes temáticos sobre los cuales los candidatos a la Presidencia de la República deberán desarrollar sus propuestas es la Institucionalidad: transparente, eficiente y participativa. Aquí, esperamos escuchar de cada uno de ellos cómo combatirán la actual cultura de administración pública ineficaz, que tiene como norte el clientelismo político, y cómo nos enrumbarán hacia el bienestar nacional, bajo un enfoque de productividad ciudadana que tiene impacto en la economía.

En el fondo, casos como los Auxilios Económicos o las denuncias de los trámites en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) o el manejo de la descentralización son lo que desnuda una creencia entre la clase política de que los recursos del Estado le pertenecen a quien está en el poder. He allí el gran error.

Hoy queda en evidencia que los mecanismos de control y supervisión para garantizar que los recursos del Estado se administren con criterio profesional y lleguen a quienes realmente los necesitan, serán tan efectivos como la voluntad de quienes lo implementan. No podemos permitir que los recursos públicos sean malgastados o utilizados de manera caprichosa en beneficio de unos pocos, mientras que la mayoría de la población es víctima de una educación que poco o nada les ayuda a evolucionar social y profesionalmente.

Es hora, además, de que los candidatos presidenciales se comprometan con acciones concretas como la real implementación de la carrera administrativa y la digitalización de procesos para el manejo de los fondos públicos y la necesidad de acabar con la falta de transparencia y la discrecionalidad.

Desde la CCIAP, no dejaremos de exigir transparencia, justicia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos. Nunca alcanzaremos el potencial de país que todos aspiramos si continuamos permitiendo que personas que se asocian para delinquir con los fondos de todos los panameños incumpliendo sus funciones públicas, responsables de hechos como el que hoy nos preocupa, se salgan con la suya, otra vez.

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