Gobierno destina $86 millones para cancelar deuda a promotores de vivienda
El Gobierno Nacional anunció la asignación de B/.86 millones al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para saldar la deuda pendiente con promotores de viviendas sociales. Estos fondos permitirán cancelar los compromisos correspondientes a los años 2022 y 2023, beneficiando a un total de 10 mil expedientes.
El bono del Fondo Solidario de Vivienda
El programa Fondo Solidario de Vivienda brinda un bono de B/.10 mil como abono inicial a familias con ingresos inferiores a B/.2,000 que buscan adquirir su primera vivienda, cuyo valor no exceda los B/.70,000. Este beneficio representa una importante ayuda para las familias de escasos recursos que aspiran a un hogar propio.
Financiamiento y desembolso
El crédito extraordinario fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se espera que reciba la validación del Consejo de Gabinete la próxima semana. Una vez aprobado, el titular del Miviot, Rogelio Paredes, presentará la solicitud de fondos ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Se tiene previsto que los pagos a los promotores se efectúen antes del 5 de mayo.
Detalles de la deuda
La deuda total se desglosa de la siguiente manera:
- B/.20 millones pendientes del año 2022
- B/.66 millones del 2023
Impacto del pago
La cancelación de esta deuda permitirá reactivar el sector de la construcción de viviendas de interés social, generando empleos y dinamizando la economía. Además, brindará seguridad y estabilidad a las familias beneficiarias, quienes podrán contar con un techo propio gracias al apoyo del Gobierno Nacional.
Declaraciones del Ministro Paredes
«Este crédito extraordinario es una muestra del compromiso del Gobierno Nacional con las familias panameñas más necesitadas. Estamos trabajando arduamente para garantizar el acceso a una vivienda digna y segura para todos», señaló el Ministro Paredes.
Conclusión
La asignación de estos fondos por parte del Gobierno Nacional representa un paso importante para saldar las cuentas pendientes con los promotores de viviendas sociales y, al mismo tiempo, impulsar la construcción de nuevas unidades habitacionales para familias de escasos recursos. Este esfuerzo contribuye al bienestar social y al desarrollo económico del país.
