La gran represión contra los originarios
Por: Abdiel De León
Durante los días 5, 6 y 7 de febrero 2012.
El dia 5 de Febrero del 2012, en horas de la madrugada se registra un gran operativo militar en Panamá.
Jamás en la historia de la vida Republicana los panameños habían experimentado un operativo masivo de policías y militares con toda la tecnología requerida para reprimir una crisis generada por la imposición de una ley de gobierno y la oposición de las organizaciones sociales.
El día anterior en la tarde se realizó sin precedentes el movimiento de policías, Militares fronterizos (SENAFRON) y del Sistema Aeronaval, por tierra y aire, hacia áreas cercanas al oeste de Santiago, ciudad cabecera de la provincia de Veraguas, para un operativo represivo (anti insurgente), como si se tratara de un estado de guerra.
En de la madrugada del día 4 el gobierno mandó a cortar las comunicaciones de las telefónicas móviles y fijas, el agua y la luz, para iniciar una gran ofensiva y así desalojar a cientos de indígenas Ngobes y Blugues, campesinos, estudianties y obreros; Que se oponían a una ley que otorgaba 67 conseciones mineras y la construcción de grandes represa hidroeléctricas.
Las organizaciones populares ya habían trancado en cerca de 20 puntos o lugares a lo largo de la vía interamericana, desde Santiago, sobre puentes y entrada de poblaciones importantes, durante varios días, como medida de presión.
Recuerda un testigo las palabras de algunos uniformados: cuando inicio la ofensiva, uno de ellos en tono airado gritó a los manifestantes entre los que se encontraba un policía jubilado indígena, diciéndoles » que en Panamá estábamos en guerra «.
Al avanzar el operativo violento en los distintos puntos:
Siendo exactamente las 7:25 a.m. de ese domingo en San Félix, el manifestante Rodríguez Tugrí resultó muerto en el lugar de la confrontación con los agentes antidisturbios.
Antes de su deceso había sido auxiliado por uno de sus compañero que estaba cerca, de nombre Mariano, quien narró que Tugrí solo vivió 30 segundos luego del impacto de bala. “Trataba de respirar, pero el aire salía por el hueco de la herida que tenía en su pecho”, describió así su vivencia.
«Poco antes dirigentes de las comunidades Ngäbe y Buglé ya habían denunciado que el gobierno ordenó cortar las comunicaciones y la luz, por lo que en la mayoría de las zonas donde se mantienen las protestas los manifestantes se encontraron incomunicados y a oscuras. En las últimas horas se conoció una grabación de una ejecutiva de la empresa “Más Móvil”, afirmando que cumplía órdenes de las autoridades para suspender las comunicaciones. El Gobierno aseguró que mantendrán la medida».
Causando la molestia e indignación de las poblaciones en torno a los puntos cercanos a las protestas, en parte de la provincia de Veraguas y Chitiquí.
Las comunidades indígenas en todo momento, se mantuvieron apoyados por más de 50 organizaciones panameñas, que comenzó desde el 31 de enero con bloqueos en la Vía Interamericana para exigir que se prohibiera la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en su comarca y otros lugares.
La respuesta del gobierno derechista de Ricardo Martinelli fue faltar a la reunión de negociación acordada entre el Ejecutivo, la Iglesia Católica y las comunidades, para luego ordenar el despliegue policial que desalojó salvajemente a los manifestantes, con el resultado de la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugri y otro joven que murió en David el día 7, de nombre Mauricio Méndez con un disparo en el rostro a quema ropa y decenas de heridos de bala, Perdigones, y gases lacrimógenos.
La policía comenzó a reprimir duramente desde el 5 y seguido a los días 6 y 7 de febrero, ingresando dentro de las comunidades y amedrentando a la población, avanzando en los cortes que se llevaban adelante en el oeste de Panamá, el bloqueo de la Vía Interamericana y la localidad de Sixaola, que une Panamá con Costa Rica.
El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, justificó la represión contra los indígenas advirtiendo que no permitirá un nuevo cierre a la vía Interamericana.
“La obligación del Gobierno es mantener el orden público”, dijo el ministro a los noticieros de las televisoras locales.
“Gobernar es decidir”, acotó.
Mulino fue quien autorizó al director de la Fuerza pública Gustavo Pérez, el uso de la fuerza militar y policial, ese domingo para despejar la principal vía bloqueada con camiones y árboles derribados. ( Personalmente coordinó la operación).
«La situación provocó que en esos momentos, cientos de manifestantes se reorganizaran en distintos puntos y en algunos lugares continuarán los bloqueos y la toma y quema de estaciones policiales».
Ya para el miércoles las organizaciones solidarias realizaron una movilización convocada por el sindicato de la construcción SUNTRACS y FRENADESO, que denunciaron, que para las últimas horas se habrían arrestado 33 trabajadores y convocó a rechazar el avance represivo sobre la comunidad indígena. «Es claro que este gobierno no ha entendido que el país no le pertenece», dijo Saúl Méndez, líder de SUNTRACS».
La crisis provocó la revocatoria de la ley minera en la Asamblea de Diputados, la creación de una mesa de diálogo, con todo y la muerte por arma de fuego de dos indígenas.
Hoy se ha demostrado, que lo que se pretendía era la entrega de nuestros recursos a extranjeros, el beneficio particular de funcionarios y la degradación del medio ambiente, como ha sucedido en Santa Rosa Veraguas y Petaquilla en Coclé del Norte, donde se ofrecen cientos de promesas que no cumplirían, argumentando la excusa del progreso y desarrollo,
y al final dejarían los problemas de miseria, de contaminación y destrucción en las poblaciones, al retirarse con el millonario botín.
