La población exige un Presupuesto General del Estado de acuerdo a necesidades y situación financiera real del país
La población demostró que no está dispuesta a continuar siendo un mero espectador pasivo y ha exigido categóricamente tanto de estas autoridades como de las futuras, un manejo serio, responsable, transparente y honesto de los recursos del Estado. La oportunidad vuelve a presentarse en bandeja de plata con la anunciada revisión del Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2024.
Ante este nuevo momento, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) exige al Órgano Ejecutivo presentar al país la manera concreta cómo ajustará este presupuesto, considerando que el proyecto de presupuesto presentado reflejaba un injustificado, sospechoso e incoherente aumento de 20% con respecto a 2023.
Desde nuestra óptica, el Presupuesto General de Estado para la vigencia fiscal 2024 debe estructurarse de manera que reduzca significativamente el gasto de funcionamiento, generando un ahorro corriente y destinando recursos a la inversión pública prioritaria.
El proyecto de presupuesto originalmente presentado debe sufrir una reingeniería total a través de la cual se disminuya de manera contundente los montos desproporcionados y opacos asignados de entidades como la Asamblea Nacional, una institución sin proyectos de inversión y donde nunca se ha reflejado la austeridad. Por el contrario, corresponde priorizar presupuestos como el del Instituto Oncológico Nacional, el Hospital del Niño, y el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), entre otros, que inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
Además, corresponde reducir de forma importante la planilla estatal, eliminando cuanto antes las posiciones innecesarias y duplicadas en la Administración Pública, que tan solo son un vehículo de politiquería y corrupción. Los datos muestran que, en momentos en que el país exigía austeridad extrema en los años 2020 al 2023, el gasto en planilla alcanzó la preocupante cifra acumulada de B/. 15,341 millones.
Cabe destacar que la reducción que exigimos no equivale al sacrificio de la educación, esto es inadmisible. Se debe plantear un presupuesto en materia de educación con objetivos relevantes que no incrementen gastos de funcionamiento, sino que reflejen inversiones dirigidas a mejorar la calidad del sistema educativo panameño de forma medible.
Asimismo, este presupuesto debe fortalecer el Sistema de Administración de Justicia con los recursos necesarios tanto para el Órgano Judicial como para el Ministerio Público, de forma tal que sean acordes con la importancia de sus funciones y los resultados esperados en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
El Presupuesto General de Estado para la vigencia fiscal 2024 debe enfocarse en una política fiscal responsable y eficiente que fomente la reducción del gasto de funcionamiento y priorice la inversión pública en áreas estratégicas.
Claramente, estamos ante una oportunidad concreta de mostrar que se escuchó el clamor de la ciudadanía y de tomar acciones que envíen un mensaje claro de austeridad en el gasto público.
