mayo 7, 2024

Modifican la ley $120 a los 65

Una segunda modificación al Programa de Asistencia del Adulto Mayor es aprobada en la Asamblea Nacional. En tercer debate, se aprueba el Proyecto 830, con ese fin, para garantizar la inclusión de las personas de 65 años y más, aunque cuenten con algunos recursos de subsistencia, pero que siguen en condiciones de vulnerabilidad.

 El pleno de diputados no objetó la norma y dio el visto bueno al proyecto de Ley No.830, que modifica la Ley 86 de 2010, sobre el Programa $120.00 a los 65.

La norma establece las bases para incluir en el Programa de Asistencia Socioeconómica a todos los adultos mayores de 65 años que no poseen una pensión y se encuentren en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación pobreza incluso pobreza extrema, independiente si cuenta con propiedad, cuenta bancaria o explotación de parcela.

Según se plantea, para la aprobación de dicha modificación, es que el marco jurídico vigente excluye a los adultos mayores que sean propietarios de un bien inmueble, posean cuentas de ahorro o que posean parcelas en explotación, aun cuando presenten las condiciones arriba descritas.

También dispone que los adultos mayores tengan garantizado el derecho al acceso gratuito a atenciones médicas completas, hospitalización y medicamentos, gastos que estarán a cargo del Ministerio de salud.

El diputado proponente, Bernardino González, sostuvo que, actualmente, existen muchos adultos mayores en condiciones vulnerables que no tienen acceso al beneficio del Programa de Asistencia Económica, por ser propietario de un inmueble, la cual en la mayoría de los casos consiste en la vivienda obtenida a través de muchos años de esfuerzo.

Cabe señalar que el Estado panameño adoptó el Programa Especial de Asistencia Económica para los Adultos Mayores de Setenta Años o Más, sin jubilación ni pensión, en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza a través de la Ley 86 de 2010.

Posteriormente, a través de la Ley 15 de 2014, se amplío la cobertura a las personas adultas mayores disminuyendo la edad mínima para ser beneficiario a los 65 años.

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