De La Espriella afianza su política de mano dura en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ha desencadenado una intensa polémica política y jurídica tras endurecer las operaciones militares contra grupos armados ilegales. La exhibición pública de 23 cadáveres de presuntos disidentes de las FARC empaquetados en bolsas plásticas durante una rueda de prensa en Guaviare —sumada a la muerte de tres menores en recientes bombardeos— ha reavivado el debate nacional sobre los límites éticos y legales del Estado en la lucha contra la criminalidad.

CRÍTICAS Y DEFENSA DE LA ESTRATEGIA OFENSIVA

La exposición de los cuerpos provocó el rechazo inmediato de la oposición y de analistas de derechos humanos, quienes advierten que la medida vulnera el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al violar la prohibición de exponer a las personas protegidas a la curiosidad pública:

• Iván Cepeda (Senador del Pacto Histórico): Calificó la actuación del mandatario como un acto sin escrúpulos ni sentido de humanidad, cuestionando el trato afrentoso dado a los caídos en combate.

• Vladimir Flórez ‘Vladdo’ (Analista): Señaló que el DIH busca proteger a los familiares de las víctimas y que la calidad de combatientes no exime al Estado de tratar con dignidad a los vencidos.

• Cristina Plazas (Sostén del Gobierno): Defendió la medida como disuasión estratégica, señalando que la verdadera deshumanización proviene de las dinámicas de secuestro, reclutamiento y masacres de los grupos armados.

En este contexto de escalada, el Ejecutivo anunció este viernes la baja de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, máximo líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), junto a tres integrantes más en Riohacha, La Guajira.

DEL CAMBIO DE POLÍTICA AL FRENO JUDICIAL

Desde su posesión el pasado 7 de agosto, De La Espriella desmanteló la política de ‘paz total’ de su antecesor, Gustavo Petro, y declaró la guerra abierta a las disidencias de las FARC, al ELN y a las redes del narcotráfico. Sin embargo, su estrategia de bombardeos ha enfrentado su primer gran obstáculo legal.

• Pérdida de vidas de menores: Tras confirmarse la muerte de tres menores reclutados en un bombardeo en El Retorno (Guaviare), la Defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó que, aunque el reclutamiento es un crimen de los grupos ilegales, los menores siguen siendo víctimas que el Estado debe proteger.

• Medida cautelar: El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó la suspensión inmediata de ataques aéreos en zonas donde se presuma o verifique la presencia de niños, niñas y adolescentes, priorizando el principio de precaución e interés superior del menor sobre las acciones ofensivas.