Ortega impulsa una reforma constitucional para vetar a la oposición en las próximas elecciones de Nicaragua

El mandatario justifica la medida argumentando la necesidad de «evitar nuevas guerras criminales», mientras la OEA evalúa convocar a una reunión de cancilleres ante el rechazo internacional.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el avance de una reforma parcial a la Constitución impulsada en coordinación con la Asamblea Nacional. La medida busca prohibir de forma explícita la participación de opositores en futuros procesos electorales, impidiendo la postulación de personas calificadas por el Ejecutivo como “terroristas y golpistas”, así como de críticos privados de su nacionalidad o acusados de traición a la patria.

“No tendrán espacio los terroristas, los golpistas”, aseveró Ortega durante un acto oficial en Managua, en el que argumentó que la reforma pretende “fortalecer la paz con leyes” e impedir la repetición de conflictos armados en el país.

Argumentos históricos e internamiento del veto

Durante su intervención, el líder sandinista invocó episodios históricos como la guerra civil de 1856 y la intervención del estadounidense William Walker, justificando que las nuevas restricciones legales buscan garantizar “que no queden lugares donde los opositores puedan volver a lanzar sus guerras criminales”.

“No se trata de imponer la paz con estados de sitio o a punta de balazos, sino de evitar la conspiración para meter la guerra”, defendió el mandatario de 80 años, quien gobierna el país junto a su esposa Rosario Murillo desde 2007.

Estas declaraciones matizan el discurso pronunciado por el propio Ortega el pasado 19 de julio, cuando advirtió que no volvería a haber comicios para evitar que la oposición intentara tomar el poder. Ahora, el Ejecutivo sostiene que la modificación legislativa permitirá la realización de elecciones “con soberanía”.

Firme rechazo internacional y maniobras de la OEA

La iniciativa ha provocado una inmediata ola de condena internacional. Gobiernos de la región como los de Costa Rica, Panamá y Guatemala expresaron su rechazo a las medidas, sumándose a las críticas del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

A nivel multilateral, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para este 5 de agosto, con el fin de debatir la posible «Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua». Cabe recordar que el país centroamericano completó su salida formal de la OEA en 2023, quedando sin representación en el organismo regional.

Un contexto de concentración de poder y aislamiento

El anuncio se da en medio de denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre:

• Eliminación sistemática de la competencia: La persecución política y el despojo de la nacionalidad a decenas de disidentes y exiliados.

• Ausencia de garantías: Acusaciones constantes de fraude electoral y falta de transparencia democrática.

Con más de cuatro décadas presente en la esfera del poder nicaragüense —coordinando la Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y ejerciendo la presidencia de 1985 a 1990 y ininterrumpidamente desde 2007—, Ortega enfrenta un escenario marcado por la consolidación del control institucional y un creciente aislamiento internacional. El futuro político del país se mantiene bajo incertidumbre a la espera de las decisiones que adopten la OEA y otros organismos multilaterales.