Perú declara en emergencia cinco cárceles clave para frenar el crimen organizado
El gobierno peruano, bajo la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, declaró en estado de emergencia cinco centros penitenciarios del país por un periodo de 60 días. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo 128-2026-PCM este 5 de septiembre, busca neutralizar las operaciones de bandas criminales que operan desde el interior de los penales y se enmarca en la estrategia nacional de seguridad ciudadana.
Intervención en el perímetro y suspensión de derechos
La resolución autoriza a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a ejecutar operativos permanentes y labores de inteligencia en un radio de 200 metros alrededor de cada penal. Para facilitar el control, se han suspendido los derechos constitucionales de libre tránsito, reunión y seguridad personal a quienes circulen por dicho perímetro.
Las acciones se concentrarán en restringir el acceso de armamento, desmantelar redes de comunicación ilícitas y prevenir motines o fugas.
Objetivo: Cortar la comunicación del crimen organizado
Las prisiones intervenidas albergan un alto porcentaje de cabecillas y mandos de organizaciones delictivas:
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Penales afectados: Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Trujillo Varones (La Libertad), Miguel Castro Castro (Lima) y Ancón I (Lima).
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Medidas operativas: Incautación de teléfonos y tarjetas SIM, remoción de antenas de telecomunicaciones informales en zonas aledañas y restricción del espacio aéreo.
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Diagnóstico oficial: Las autoridades reconocen que desde estas instalaciones se dirigen extorsiones, homicidios por encargo y tráfico de drogas.
Custodia interna y contexto penitenciario
El Ejecutivo aclaró que la medida no representa una militarización, ya que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantendrá el control y la administración interna de los reclusos. No obstante, el sistema afronta graves deficiencias estructurales:
Crecimiento del delito e impacto económico
La decisión responde al incremento severo de la criminalidad en los últimos años:
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Homicidios: Pasaron de casi 1,000 en 2018 a 2,600 en 2025. Solo entre enero y junio de este año se registraron 1,267 casos.
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Extorsiones: Las denuncias subieron de 3,200 en 2018 a 26,500 en 2025.
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Costo económico: El Ministerio de Economía estimó que la inseguridad representa una pérdida anual de 5,000 millones de dólares (1.7 % del PIB).
La Defensoría del Pueblo anunció que supervisará los operativos para velar por el respeto de los derechos fundamentales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos durante los 60 días de vigencia de la norma.
