Asamblea Nacional aprueba por unanimidad Ley de Sustancia Económica para combatir «empresas de papel»
En una sesión marcada por el consenso y la defensa de la competitividad del país, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad este miércoles 27 de mayo de 2026, en tercer debate, el Proyecto de Ley 641. La iniciativa, que recibió 70 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, introduce modificaciones clave al Código Fiscal con el objetivo de frenar la evasión fiscal mediante las denominadas «empresas de papel» y regular las rentas pasivas extranjeras de grupos multinacionales domiciliados en Panamá.
La nueva legislación es el resultado de un intenso trabajo técnico coordinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en conjunto con el sector privado. Con este marco, Panamá busca alinearse con los estándares internacionales de transparencia fiscal y blindar su imagen internacional como una jurisdicción confiable y moderna.
Reglas claras: Impuesto del 15% a entidades sin presencia real
El núcleo del Proyecto de Ley 641 radica en la exigencia de sustancia económica a las multinacionales que perciban rentas pasivas del exterior (como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias).
De acuerdo con el documento aprobado, aquellas entidades que no logren acreditar una presencia real en el territorio panameño estarán sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre su renta neta gravable. Para demostrar sustancia económica, las empresas deberán certificar que cuentan con:
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Personal calificado en el país.
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Instalaciones físicas adecuadas.
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Toma de decisiones estratégicas a nivel local.
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Gastos operativos reales dentro de la república.
Incentivos a la innovación y exclusiones estratégicas
A fin de mantener el atractivo logístico y comercial de Panamá, la ley contempla un tratamiento especial para los ingresos derivados de activos intangibles desarrollados localmente (como patentes, marcas y derechos de autor), buscando incentivar el desarrollo tecnológico y el valor agregado. Además, añade un mecanismo de crédito por impuestos pagados en el exterior para erradicar la doble tributación.
Por otro lado, tras intensas consultas y modificaciones introducidas en el segundo debate, el Legislativo excluyó expresamente de este régimen a sectores estratégicos altamente regulados, tales como:
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La marina mercante e industria marítima.
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Entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
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Empresas bajo la regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores.
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Compañías regidas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
Voces del debate parlamentario
El carácter sumamente técnico de la norma propició una discusión compleja, donde se recibieron más de 150 aportes de diversos sectores.
El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, destacó que el diálogo permitió robustecer la ley, logrando cambios de fondo como migrar el esquema de tributación de renta bruta a renta neta e incorporar criterios de proporcionalidad y debido proceso. “Fue un proyecto desafiante… pero demostró que es posible desarrollar legislación técnica mediante el diálogo entre el sector privado, la Asamblea y el Ejecutivo”, acotó.
Por su parte, diputados de distintas bancadas defendieron la soberanía fiscal del país frente a las presiones externas. Desde la bancada del Movimiento Otro Camino (MOCA), el diputado José Antonio Pérez Barboni señaló que el proyecto «mutó» de forma positiva para proteger los negocios lucrativos locales. “Francia hace bullying con Panamá en este tema. No podemos entregar el brazo cuando solo tenemos que entregar el dedo”, puntualizó para justificar las salvaguardas añadidas a la competitividad del país. En esa misma línea, el diputado Benicio Robinson instó a analizar la norma velando exclusivamente por el interés nacional, mientras que el diputado Alaín Cedeño argumentó que el nuevo ordenamiento atraerá inversión extranjera responsable y genuina.
Entrada en vigencia
La ley también moderniza la definición de «establecimiento permanente», incluye una estricta cláusula antiabuso y refuerza la confidencialidad de la información tributaria.
El Órgano Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para su debida reglamentación, y la normativa entrará en vigencia formal a partir del período fiscal 2027, abriendo paso a un entorno de negocios más sólido, empleos de calidad y una economía basada en actividades reales y tangibles.
