Avanza análisis del Proyecto de Ley 641 sobre sustancia económica
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional continúa con el análisis del Proyecto de Ley No. 641, una iniciativa clave que busca modificar varios artículos del Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta y establecer nuevas reglas sobre la sustancia económica de las rentas pasivas de fuente extranjera. Se espera que el proyecto comience oficialmente su discusión en primer debate a finales de esta misma semana, para luego ser trasladado al pleno legislativo.
La propuesta tiene como objetivo principal que las empresas registradas bajo jurisdicción panameña mantengan una presencia real en el país—generando empleo, contratando proveedores locales y tomando decisiones desde el territorio nacional—, cumpliendo así con los estándares internacionales para lograr la exclusión de Panamá de la lista negra de la Unión Europea (UE), el último listado internacional pendiente para el país.
El sector empresarial advierte desplome de la inversión extranjera
Durante su comparecencia ante la comisión legislativa, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) manifestó su respaldo al proyecto, calificándolo como una herramienta indispensable que debe ser aprobada antes de finalizar el año para recuperar la reputación y competitividad del país.
Para sustentar la urgencia de la norma, el economista Eric Molino Ferrer presentó un informe que revela el impacto del deterioro reputacional de Panamá en la economía:
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Periodo 2015-2019: El país captaba cerca de $5,000 millones anuales en Inversión Extranjera Directa (IED), lo que representaba el 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
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Periodo 2021-2025: La cifra se desplomó a aproximadamente $2,000 millones por año, cayendo a un 2.5% del PIB.
La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, advirtió que la permanencia en las listas internacionales genera trabas burocráticas y ha provocado la fuga de inversiones europeas hacia competidores regionales como Costa Rica y República Dominicana.
«Esta es una ley para mejorar la imagen internacional de Panamá y poder recibir inversiones extranjeras directas. No es una ley para recaudar más impuestos, sino para generar confianza y fortalecer la competitividad», aclaró De Sanctis.
Petición de ajustes para garantizar la seguridad jurídica
A pesar de haber participado activamente en las mesas técnicas junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), APEDE solicitó a los diputados incorporar modificaciones específicas para evitar la discrecionalidad de los funcionarios y blindar la certeza jurídica:
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Definiciones claras: Establecer conceptos técnicos y medibles para una interpretación uniforme de la ley.
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Tercerización: Revisar las reglas vinculadas con la tercerización de servicios legítimos.
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Unidad Técnica: Precisar qué oficina del MEF será la responsable de implementar la normativa.
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Mecanismo voluntario: Crear un sistema de precalificación de sustancia económica inspirado en modelos internacionales como el de Hong Kong, ofreciendo predictibilidad a los inversionistas.
Debate político: Un paso dentro de una estrategia más amplia
Por su parte, el diputado Luis Duke, miembro de la comisión parlamentaria, coincidió en que el espíritu del proyecto es totalmente necesario para cumplir con los compromisos europeos. No obstante, lanzó una advertencia y una invitación a la reflexión profunda:
“Este proyecto de ley nos pone en una posición distinta, pero salir de la lista negra conlleva muchos más requisitos; la aprobación no significará la exclusión automática”, sostuvo Duke.
El parlamentario enfatizó que la discusión no debe limitarse a la aprobación de la ley por presión internacional, sino al modelo económico integral que Panamá desea construir. «La reflexión que yo me hago es si esto forma parte de la estrategia que tenemos como país, lo que queremos a corto, mediano y largo plazo», concluyó.
