Exministro Federico Suárez es condenado a 16 años de prisión por peculado en proyectos viales
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá condenó a 16 años de prisión al exministro de Obras Públicas, Federico “Pepe” Suárez, por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.
La decisión, contenida en la Sentencia N.° 1 del 18 de agosto de 2026 e informada a través del Edicto No. 765, fue emitida por la jueza Águeda Rentería, quien determinó la responsabilidad penal de Suárez como autor de irregularidades y sobrecostos que superan los $100 millones en los proyectos viales “Patrimonio Histórico” y “Avenida Domingo Díaz”.
Detalles de la sentencia y penas accesorias
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Pena principal: 16 años de prisión por peculado.
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Pena accesoria: Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo periodo de 16 años, contados a partir de que se cumpla la pena principal.
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Desestimaciones: Durante el proceso, el tribunal rechazó diversos incidentes de prescripción de la acción penal, así como un recurso de nulidad interpuesto por la defensa legal de los procesados.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado condena tanto para Suárez como para el empresario Marcelo De La Rosa, pidiendo un veredicto absolutorio para el resto de los implicados. Sin embargo, el juzgado optó por absolver a siete personas procesadas en esta causa.
Absueltos en el proceso
La jueza Rentería dictó un fallo absolutorio a favor de los siguientes ciudadanos:
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María Eugenia González
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Marcelo Luis De la Rosa
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León Emilio Halphen
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Héctor Castillo
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Juan Manuel Vásquez
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Mauricio Cort
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Sergio Fernando Del Sour (ubicado en Buenos Aires, Argentina)
Segunda condena para el exfuncionario
Esta medida representa la segunda condena que enfrenta el exministro de la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
El pasado 14 de enero, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó una sentencia previa para imponerle ocho años de prisión por el delito de peculado doloso en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), vinculado en esa ocasión con las irregularidades en el contrato de la autopista Arraiján–La Chorrera.
La defensa legal de las partes involucradas aún mantiene la potestad de interponer los recursos de impugnación y apelación que contempla la legislación procesal penal panameña.
