Gobierno suspende garantías constitucionales de manera parcial en Bocas del Toro
El Gobierno Nacional, reunido en un Consejo de Gabinete extraordinario, ha tomado medidas contundentes para abordar la grave situación en la provincia de Bocas del Toro. En este sentido, se anunció la suspensión parcial de las garantías constitucionales en la provincia, una drástica medida adoptada tras los serios hechos de violencia registrados durante la tarde y noche del pasado jueves en la región.
Esta decisión busca restablecer el orden y la seguridad en la provincia, que ha sido escenario de altercados significativos. Las autoridades no han especificado aún el alcance total de las garantías suspendidas, pero se espera que la medida contribuya a controlar la situación y proteger a la ciudadanía.
Complementariamente, el Consejo de Gabinete ya había aprobado previamente la Resolución No. 48, declarando el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro. Paralelamente, se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 49, que establece una Comisión de Alto Nivel con el objetivo de abordar la compleja situación generada por la huelga bananera y los continuos cierres de vías en la provincia.
Esta comisión interministerial estará conformada por figuras clave del Ejecutivo, incluyendo a los ministros de la Presidencia (Juan Carlos Orillac), Comercio e Industrias (Julio Moltó), Trabajo y Desarrollo Laboral (Jackeline Muñoz), Salud (Fernando Boyd Galindo), Seguridad (Frank Ábrego) y Desarrollo Agropecuario (Roberto Linares), así como la administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria de León. Su misión principal será la gestión integral de la crisis social y laboral que actualmente afecta a Bocas del Toro.
Entre las facultades de esta comisión, se destaca la autorización de contrataciones mediante procedimiento excepcional. Esta medida permitirá a los ministerios involucrados realizar compras y ejecutar proyectos que se consideren cruciales para la pronta recuperación económica de la provincia.
Actualmente, Bocas del Toro cuenta con 21 proyectos en ejecución por parte del Gobierno Nacional, abarcando importantes renglones como agua, saneamiento, transporte, turismo, deportes y vivienda. La agilización de estos proyectos es vista como fundamental para la reactivación provincial.
El gobierno ha sido enfático en aclarar que esta declaratoria de estado de emergencia no implica, bajo ninguna circunstancia, la suspensión de garantías fundamentales ni de derechos constitucionales de los ciudadanos, reforzando la postura de que las acciones buscan únicamente restablecer el orden y la normalidad.
