La ética de la neutralidad institucional
Por José M. Tulier
Algo habitual en la política tradicional es atribuir logros institucionales a candidatos cuya función fue gestionar, firmar o participar en un proceso, sin que esa gestión sea, por sí sola, el logro. Cuando un programa gubernamental o académico alcanza los resultados esperados, el discurso suele ser claro: “esto fue un trabajo de todos”. Y así es: cualquier proyecto requiere la colaboración de diversos actores, cada uno aportando desde su ámbito de responsabilidad.
Sin embargo, en época electoral el discurso se transforma: lo que antes era esfuerzo colectivo pasa a resumirse en una sola figura “esto fue gracias a él” minimizando el trabajo de quienes hicieron posible el proyecto. Las malas prácticas terminan pasando factura, no solo a quienes las promueven, sino a las instituciones que representan: su imagen de neutralidad se debilita cuando sus logros se convierten en instrumentos de promoción política, y el proyecto deja de ser un espacio de servicio para convertirse en moneda de intercambio electoral.
Desde la sociología, esto puede analizarse a la luz de Max Weber, quien planteaba que la burocracia moderna debía actuar con racionalidad e imparcialidad, separando los intereses personales de las funciones del cargo. Cuando esa frontera desaparece —pensemos, por ejemplo, en una institución como SENACYT— se deja de servir al interés general para responder a intereses particulares.
Reconocer la gestión de una autoridad no es un problema en sí mismo: quienes ocupan cargos públicos o académicos tienen responsabilidades concretas y es legítimo valorar su trabajo. El problema surge cuando ese reconocimiento se transforma en propaganda electoral y cuando los recursos o plataformas creados para fines colectivos se utilizan para favorecer candidaturas específicas y son promovidos por quienes lideran los proyectos.
Esta situación se vuelve aún más evidente en las redes sociales. Pensemos, de nuevo, en una institución como SENACYT: sus perfiles existen para informar sobre ciencia y tecnología, no para hacerle creer al electorado que sin el respaldo de un candidato la institución desaparecería, o que sus logros son obra de una sola persona. Quien sigue esas cuentas lo hace por su contenido institucional, no por afinidades partidistas, y cuando esos espacios se usan para sembrar esa idea, el debate público se desvía y la imparcialidad de la institución queda comprometida.
Es allí donde la ética adquiere una importancia fundamental. Toda persona tiene derecho a apoyar a los candidatos de su preferencia, pero ese respaldo debe darse desde la individualidad y no desde la representación de espacios que pertenecen a toda una comunidad. Las instituciones son de todos; las candidaturas, únicamente de quienes deciden respaldarlas. Preservar esa diferencia fortalece la democracia y protege la credibilidad de las organizaciones que sirven al interés colectivo.
Existe un efecto particularmente preocupante cuando los logros institucionales se asocian en exceso a una sola figura: se instala la idea de que el proyecto depende de esa persona para sobrevivir. Bajo esa lógica se construye una división simplista entre administradores “buenos” indispensables y “malos”, una amenaza, que desconoce el trabajo acumulado de docentes, funcionarios, estudiantes y técnicos que sostienen los proyectos más allá de los cambios de administración.
Las instituciones sólidas no deberían depender de liderazgos permanentes ni de figuras providenciales. Su fortaleza radica en normas y procedimientos que garanticen la continuidad de sus programas, sin importar quién ocupe temporalmente un cargo; de lo contrario, estaríamos aceptando que los proyectos sobreviven por voluntad de individuos y no por la fortaleza de las instituciones. Panamá, al igual que sus universidades y demás entidades públicas, desarrolla sus acciones a través de políticas diseñadas para trascender los períodos administrativos. Por ello, resulta válido preguntarse: si un proyecto realmente cumple una función social o académica necesaria, ¿por qué habría de desaparecer cuando cambia una autoridad? ¿Necesitamos instituciones fuertes o líderes irremplazables?
