La verdad técnica de Cobre Panamá
Por Roderick Gutiérrez Pérez
Ex Presidente de la Cámara Minera de Panamá
Especialista en Gestión y Planificación Ambiental
La Auditoría Integral del proyecto Cobre Panamá, no es simplemente un ejercicio técnico más dentro de la administración pública; es, en realidad, el punto de inflexión más importante que ha tenido Panamá en su historia reciente en materia de gestión ambiental y gobernanza de recursos naturales. Durante años, el país debatió sobre la minería desde posiciones fragmentadas, muchas veces cargadas de percepción, ideología o desinformación. Hoy, por primera vez, contamos con una base técnica estructurada, verificable y, sobre todo, útil para tomar decisiones de Estado.
Desde mi experiencia como especialista en gestión y planificación ambiental, así como en desarrollo de estudios mineros, puedo afirmar que el mayor valor de esta auditoría no radica en la forma en que organiza el conocimiento y devuelve al Estado algo que había perdido: el control técnico sobre un proyecto de escala global como Cobre Panamá. Ese control no se ejerce con discursos, se ejerce con información, con trazabilidad y con capacidad de fiscalización real.
Uno de los aspectos más relevantes del proceso ha sido la reconstrucción de la trazabilidad ambiental del proyecto. En contextos como el panameño, donde históricamente la información ha estado dispersa entre múltiples instituciones, consultores y administraciones, lograr consolidar una línea base coherente representa un avance estructural. Este primer paso, aunque técnico y poco visible para el ciudadano común, es precisamente el que sostiene todo lo demás.
A partir de ahí, el proceso avanza hacia algo que Panamá había necesitado durante décadas: la integración real de la información. La auditoría logra romper con la fragmentación institucional que tanto ha debilitado la gestión ambiental del país, permitiendo ver el proyecto como un sistema complejo donde lo ambiental, lo operativo y lo legal están interconectados. Esta visión integral es la que permite identificar brechas reales entre lo aprobado en papel y lo ejecutado en campo, sustituyendo así la narrativa por evidencia.
Y es precisamente en la verificación en sitio donde la auditoría adquiere su mayor peso. La validación directa de condiciones operativas elimina cualquier espacio para la especulación.
Otro de los aportes más valiosos del proceso ha sido la incorporación de un enfoque de análisis de riesgos, particularmente en temas críticos como el drenaje ácido de roca, la estabilidad de infraestructuras y la gestión de pasivos ambientales potenciales. Este tipo de evaluación no solo permite entender el estado actual del proyecto, sino anticipar escenarios futuros, lo cual es esencial en minería moderna.
Por lo antes expuesto, ahora el estado y la población sabrá, que la gestión ambiental ya no puede limitarse a corregir; debe anticipar, prevenir y planificar. En este sentido, la auditoría coloca a Panamá en una posición alineada con estándares internacionales de minería responsable.
De esta forma, por primera vez, el Estado cuenta con una radiografía completa del proyecto, lo que le permite tomar decisiones no desde la incertidumbre, sino desde el conocimiento. Un Estado que conoce puede exigir, puede negociar y, sobre todo, puede regular de manera efectiva.
Durante mucho tiempo, el verdadero problema de la minería en Panamá no fue el tema ambiental, el recurso ni el potencial económico, sino la debilidad en la gobernanza. Hoy, esa debilidad comienza a corregirse. La auditoría no resuelve todos los problemas, pero sí establece las condiciones necesarias para gestionarlos correctamente.
En este contexto, seguir planteando el debate en términos de si la minería debe o no existir en Panamá es desconocer la realidad técnica que hoy tenemos sobre la mesa, por lo que la respuesta, a las multiples interrogantes que existen en la ciudadanía con base en la información disponible, es que hoy estamos mucho mejor preparados que antes.
La reactivación del proyecto no debe entenderse como un retroceso, sino como una oportunidad. Pero no cualquier oportunidad, sino una condicionada a un nuevo estándar de exigencia. Un estándar donde el cumplimiento ambiental no sea negociable, donde la fiscalización sea constante y donde la transparencia sea la base de la relación entre el Estado, la empresa y la sociedad.
La auditoría ya cumplió su función. Nos dio el mapa, nos mostró los riesgos y nos entregó las herramientas. Lo que sigue no es técnico, es una decisión país.
Desde una perspectiva estrictamente técnica, el camino es claro. Panamá tiene hoy la oportunidad de demostrar que sí es posible hacer minería bien hecha. Y esa, más que una afirmación, es una solución.
