Exigen a MiAmbiente y MINSA sancionar severamente, no solo diagnosticar
La advertencia lanzada por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, sobre la existencia de unas 1,200 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) colapsadas o inoperativas a nivel nacional ha encendido las alarmas de salud pública y puso al descubierto un entramado de omisiones institucionales y violaciones sistemáticas a la legislación ambiental vigente. El panorama resulta aún más grave al confirmarse que al menos 17 de estos sistemas defectuosos se ubican aguas arriba de tomas de agua dulce y plantas potabilizadoras. Esta situación implica la descarga continua de aguas servidas e industriales directamente en las cuencas hidrográficas que abastecen a la población, vulnerando de forma flagrante la Ley General de Ambiente (Ley 41 de 1998) y los reglamentos técnicos de calidad de agua (Normas COPANIT). El funcionamiento irresponsable o el abandono de estas infraestructuras por parte de promotoras inmobiliarias, empresas y entes administradores transgrede el principio legal de «el que contamina, paga». Asimismo, el vertido masivo de efluentes sin procesar configura conductas tipificadas en el Código Penal, que contempla penas de prisión para quienes contaminen o pongan en riesgo las fuentes de agua destinadas al consumo humano. Sin embargo, el colapso masivo de más de un millar de instalaciones evidencia un problema de fondo: la debilidad histórica en las labores de vigilancia, fiscalización y sanción por parte de las autoridades competentes. Durante años, la falta de inspecciones periódicas, la condescendencia en el otorgamiento de permisos y la ausencia de seguimiento a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) permitieron que promotoras y particulares operaran al margen de la ley con total impunidad.
