Piden eliminar exoneración de autos a diputados: cuesta B/. 1.5 millones al Estado
En el marco de la discusión de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, el debate sobre la eliminación de los privilegios vehiculares de los legisladores ha tomado fuerza. El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), lidera una propuesta firme para derogar estas prerrogativas, argumentando la necesidad de igualdad ciudadana, austeridad en el gasto público y rendición de cuentas ante la ciudadanía. La iniciativa busca eliminar el artículo 230 del Reglamento de Régimen Interno (proveniente de la Ley 49 de 1984), el cual permite legalmente a cada diputado principal la importación de hasta dos vehículos libres de impuestos y gravámenes durante su periodo constitucional, extendiendo el beneficio de un auto para los suplentes. «Si mi elector paga impuestos por un vehículo, yo también tengo la capacidad de hacerlo, sin más privilegios que él», afirmó Cedeño al defender la supresión de la norma. El costo del privilegio De acuerdo con registros históricos de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), el impacto económico de esta exoneración varía según la gama del vehículo introducido. Mientras que para autos de trabajo o gama media el ahorro en impuestos oscila entre B/. 1,500 y B/. 5,000, la cifra se dispara con los vehículos de alta gama. Al adquirir camionetas de lujo o autos deportivos, el beneficio individual del diputado —y consecuente sacrificio fiscal para el Estado— puede superar los B/. 15,000, B/. 20,000 e incluso rebasar los B/. 30,000 por automóvil. A nivel global, el Tesoro Nacional deja de percibir sumas millonarias. En periodos con un uso activo de este derecho por parte de principales y suplentes, el impacto fiscal oscila entre los B/. 500,000 y cerca de B/. 1.5 millones por periodo constitucional. Además de aranceles de introducción, los diputados quedan libres del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y del ITBMS, recibiendo además placas oficiales expedidas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que facilitan su libre circulación.
