junio 16, 2024

Preocupantes condiciones en el sistema educativo informó la Defensoría

En cumplimiento de su mandato de proteger el derecho a la educación, la Defensoría del Pueblo (DDP) presentó hoy el Informe de Inspección de Centros Educativos 2024, el cual aborda el estado de 449 centros educativos a nivel nacional al inicio del año lectivo 2024.

Los hallazgos del informe revelan una situación preocupante, con condiciones que persisten de años anteriores y que afectan significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los problemas más destacados se encuentran:

  • Falta de accesibilidad e infraestructuras inadecuadas: El 91% de los centros educativos inspeccionados presentan estas deficiencias, dificultando el acceso a la educación para muchos estudiantes.
  • Ausencia de servicios básicos: La falta de agua potable afecta a un número considerable de centros, mientras que el 65% de las áreas evaluadas sufren problemas con el suministro eléctrico.
  • Escasez de personal docente y administrativo: Esta situación limita la capacidad de los centros educativos para gestionar adecuadamente el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).

Ante este panorama, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación para tomar medidas concretas y priorizar la erradicación de las aulas rancho, la contratación de personal docente en todos los centros educativos antes del inicio del año lectivo, y la garantía de acceso a servicios básicos de calidad, constante e ininterrumpido (agua potable, electricidad y conexión a internet).

Recomendaciones:

  • Reforzar programas de inclusión para niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales.
  • Implementar gabinetes psicopedagógicos con personal especializado para brindar atención temprana en el aula regular (el 76% de las escuelas no cuentan con esta atención).
  • Exigir la entrega oportuna de bienes o servicios contratados y ejecutar las fianzas de cumplimiento para proteger los intereses del Estado.
  • Sensibilizar a los gremios empresariales sobre el gran número de obras y contratos no terminados en el sector educativo.
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