A quienes beneficia modificar la ley de transparencia
La Ley de Transparencia de 2002 fue una victoria de la sociedad panameña ante la urgente necesidad de que los recursos del Estado se manejaran lo más transparente posible.
La opacidad y nula rendición de cuentas y la imposibilidad de solicitar información sobre los dineros de todos era, previo a 2002, algo normal.
Así nació la Ley de Transparencia de Panamá, la primera de su tipo en Latinoamérica. Tan pronto fue sancionada, comenzaron los intentos de modificarla para restarle efectividad y promover el oscurantismo en el manejo de los recursos del Estado.
La Ley de Transparencia es, sin exagerar, una de las normas más importantes con que contamos los panameños. Sus efectos y beneficios a través de los años son evidentes, no solo porque permitió a los ciudadanos la posibilidad de exigir cuentas en cuanto a los sagrados recursos del Estado, sino que también ejerció como elemento disuasor contra más abusos de los que ya hemos visto.
Por otro lado, atraer inversiones y generar un ambiente de negocios sano con el Estado solo ha sido posible entre otras cosas gracias a la Ley de Transparencia, que permitió tener claridad en cuanto a gastos de inversión y de funcionamiento, especialmente en temas de planillas; entre otros.
A estas alturas de la República, quienes detentan el poder de forma pasajera ya deberían tener claro que el acceso a la información pública y la participación ciudadana en los asuntos del Estado no es un regalo que nos hacen, sino un derecho sólidamente defendido en las convenciones internacionales de las que Panamá es signatario.
No deja de ser la presente una oportunidad para que los distintos candidatos presidenciales fijen posición y hablen al electorado con claridad sobre sus posibles acciones en un asunto tan crítico para el país.
Revisar una ley y hacerle modificaciones no debería ser objeto de mayor controversia, por lo que, en principio, no nos oponemos a ello. Sin embargo, circunscribir una discusión de esta magnitud a unos pocos, obviando una amplia y extensa consulta ciudadana, con un apuro inexplicable y el hecho de que estamos en medio de un torneo electoral da pie para preocuparnos y rechazar cualquier intento de modificación sin antes agotar y acatar todas las consultas posibles.
Aunque recibimos con alivio la decisión de la Asamblea Nacional de extender el periodo de consulta en un escenario que permite mayor participación y acceso a la discusión, creemos que la actual coyuntura político-electoral crea condiciones perjudiciales para modificar una ley de tanta importancia, por lo que solicitamos postergar el debate.
En cualquier caso, nos mantendremos vigilantes si, por lo contrario, la intención final de reformarla es beneficiar el juega vivo, la politiquería y la opacidad; lo cual es totalmente contrario al espíritu con que se promovió esta innovadora ley hace ya más de 20 años.
