Incertidumbre en Venezuela: Crece la cifra de muertos por el sismo pero el gran interrogante son los desaparecidos
A casi una semana de los catastróficos terremotos, las organizaciones de derechos humanos y la ONU denuncian la opacidad informativa del Gobierno de Delcy Rodríguez ante una tragedia de magnitudes históricas.
Baile de cifras tras la tragedia
El conteo oficial de víctimas fatales por los sismos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles sigue en aumento. El último balance emitido por el Ejecutivo reporta 2.295 fallecidos y más de 11.000 heridos en los estados afectados.
Sin embargo, estos datos oficiales contrastan fuertemente con los pronósticos internacionales. Horas después del sismo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó un suelo mínimo de 10.000 víctimas mortales, una proyección que expone las profundas discordancias en los reportes gubernamentales.
La ONU y las ONG alertan sobre la opacidad informativa
La gestión de los datos por parte de las autoridades ha despertado duras críticas de organizaciones civiles y organismos internacionales, quienes exigen «cero opacidad» en la respuesta a la emergencia.
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Provea (ONG de DD.HH.): Denunció que las cifras oficiales generan «más dudas que certezas» tras registrarse días donde el aumento diario de fallecidos reportado era de apenas 20 personas.
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Organización de las Naciones Unidas (ONU): Gianluca Rampolla, coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, anticipó un incremento considerable de los decesos debido a la destrucción material: “Hay al menos 2.500 edificios afectados, la mayoría de los cuales se han derrumbado por completo”.
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Adquisición de insumos: La ONU confirmó la compra, en coordinación con el Gobierno venezolano, de 10.000 bolsas para cadáveres, una cifra que triplica el reporte oficial de muertes actual.
El enigma de los desaparecidos: ¿Dónde están?
El mayor vacío en los partes diarios del Gobierno es la ausencia de un registro oficial de personas desaparecidas. No obstante, las proyecciones independientes y los propios datos cruzados del oficialismo revelan un escenario alarmante:
El balance en La Guaira
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que en Caraballeda y Catia La Mar (las zonas más afectadas de La Guaira) se encontraban unas 30.000 personas. De ellas:
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Unas 13.500 lograron evacuar por sus propios medios.
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Otras 6.461 fueron rescatadas de los escombros.
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Restando el grueso de los fallecidos reportados en la zona, las matemáticas oficiales dejan un vacío de aproximadamente 8.000 personas de las cuales el Gobierno no ha dado explicaciones.
Estimación internacional
Por su parte, el Comité Internacional de Rescate estima que la cifra total de desaparecidos en el país podría acercarse a los 50.000. Este alarmante número fue calificado como «aterradoramente verosímil» por Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la OCHA (ONU), aclarando que no todas estas personas se encuentran necesariamente bajo las estructuras colapsadas.
Crisis de legitimidad y control político de la narrativa
«El Gobierno está consciente de que esto puede deslegitimar a Delcy Rodríguez con el impacto de la tragedia, generar preguntas sobre la capacidad del Estado y el manejo de los recursos». — Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz.
Para expertos como el sociólogo Rafael Uzcátegui, la falta de transparencia responde a una estrategia de control político. El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, arrastra una baja popularidad y cuestionamientos de legitimidad desde los comicios de 2024. A esto se le suma la crisis interna en la Fuerza Armada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU. el pasado 3 de enero.
Uzcátegui señala que el Ejecutivo prefiere «dosificar la información» y destaca la falta de técnicos calificados al frente de la emergencia, priorizando la lealtad política sobre la capacidad operativa.
Bloqueo a la prensa y desconfianza ciudadana
La tensión social se ha incrementado tras la difusión de imágenes de agentes del CICPC sustrayendo pertenencias de los escombros en La Guaira (quienes ya fueron expulsados y detenidos).
Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció restricciones a la cobertura. El Ministerio de Comunicación llegó a suspender temporalmente el acceso de corresponsales a las zonas de desastre alegando «razones sanitarias y para disminuir los ruidos», limitando los traslados de la prensa independiente.
A pesar de las trabas informativas y la desconfianza institucional, la respuesta civil ha sido masiva: hasta la fecha, más de 15.000 ciudadanos se han registrado como voluntarios para apoyar las labores de rescate y asistencia humanitaria en todo el país.
