MEF y Contraloría desmienten existencia de una “descentralización paralela 2.0”
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el contralor general de la República, Anel Flores, negaron categóricamente que en la actual administración exista un esquema similar al que han denominado algunos sectores políticos y medios de comunicación como “descentralización paralela 2.0”. Ambos funcionarios resaltaron que las transferencias realizadas a los municipios son legales, transparentes y drásticamente inferiores a las que se hicieron en gobiernos anteriores.
Chapman afirmó que las críticas surgidas en los últimos días parten de “interpretaciones incorrectas” y recordó que la actual administración ha sido clara desde su inicio: cualquier práctica que confunda descentralización con clientelismo político sería corregida.
El Ministro explicó que el marco jurídico vigente, incluyendo la Constitución, la Ley 106 de 1973 y la Ley 37 de 2009, otorga al Estado la facultad de complementar financieramente a los municipios que no pueden cubrir sus necesidades. Actualmente, 64 de los 82 municipios del país no son autosuficientes, por lo que dependen de subsidios del Gobierno Central.
Chapman subrayó que las transferencias cuestionadas responden a solicitudes municipales y no a disposiciones políticas del Ejecutivo. “El Ministerio no puede iniciar un traslado que no haya sido solicitado. Todo está reglamentado, aprobado por los consejos municipales y fiscalizado por la Contraloría”, enfatizó.
Detalló que, en gobiernos anteriores, estos apoyos alcanzaron cifras millonarias: en 2013: B/.196.3 millones, en 2015: B/.88.43 millones, en 2023: B/.145 millones En cambio, bajo la administración actual las transferencias han sido mínimas: en 2024: B/.6.9 millones y en 2025: B/.4.69 millones. “Estamos hablando de una reducción del 96%. No fue el 100%, pero sí un descenso contundente que refleja una política pública distinta, transparente y responsable”, aseguró el ministro.
Por su parte el Contralor Flores reforzó esta posición señalando: “Esto no es una francachela como en años anteriores, especialmente en el año electoral, cuando se superaron los 300 millones. No estamos frente a nada parecido”.
Informó que, en paralelo a las polémicas recientes, la Contraloría culminó la revisión de más de 4,000 expedientes de los auxilios económicos del IFARHU, encontrando 2,860 casos con posibles perjuicios por más de B/.52 millones, que serán remitidos al Ministerio Público.
Asimismo, la institución entregará esta semana 18 auditorías relacionadas con juntas comunales descentralizadas del gobierno anterior. “Investigar no es selectivo: revisamos lo anterior y también lo actual. Donde haya irregularidades, habrá consecuencias”, aseguró.
Respecto a las transferencias señaladas por los medios en los últimos días, Flores confirmó que se iniciarán auditorías específicas sobre los B/.6.9 millones, con la misma rigurosidad aplicada a casos previos.
En medio de cuestionamientos de la prensa, Chapman aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene la facultad constitucional para auditar el uso de los fondos municipales. Esa función recae exclusivamente en la Contraloría, según la Constitución.
Añadió que el MEF tampoco aprueba personalmente cada traslado: “Si todo tuviera que llevar el aval del ministro, este país estaría trancado. Existen procesos administrativos con límites y montos, y equipos técnicos que evalúan las solicitudes cumpliendo la ley”.
Sobre los señalamientos de desconocimiento de las asignaciones, Chapman insistió en que eso no es cierto: “Yo conocía el programa, pero no cada trámite en detalle, porque sería humanamente imposible. Eso no exime los controles: por eso existe la Contraloría”.
Ante preguntas sobre los criterios usados para aprobar traslados, Chapman reconoció que el sistema heredado tenía deficiencias y que históricamente se aplicaban prácticas sin sustento técnico. “El argumento era: ‘siempre se ha hecho así’. Eso no es aceptable”, afirmó.
El MEF y la Contraloría trabajan ahora en un marco normativo más robusto que incluirá: evaluaciones socioeconómicas, uso del Índice de Pobreza Multidimensional, clarificación de competencias, trazabilidad más fuerte de las transferencias y mejoras en la publicación de datos presupuestarios. El ministro destacó que ya presentaron a la Asamblea Nacional un documento de más de 16 páginas con recomendaciones para mejorar la Ley de Descentralización.
Ambos funcionarios rechazaron que exista un escándalo comparable al del pasado. El Contralor cuestionó la falta de coherencia de algunos diputados que critican públicamente las transferencias mientras “piden prórrogas porque no han presentado su rendición de cuentas”. “No sigamos con mentiras o medias verdades. Si estuviéramos ocultando información, nadie se habría enterado”. “Seguiremos investigando con la misma vehemencia. La transparencia no es negociable”.
recalcó.
Chapman concluyó subrayando que el objetivo del Gobierno es que cada balboa transferido se traduzca en desarrollo real para las comunidades. “No rehuimos a los problemas; los enfrentamos con transparencia. Nuestro deber es proteger la credibilidad del país”.
