¿Se discrimina a la población «negra» en Panamá?

Esta es una pregunta que aún a la fecha hace reflexionar a muchos panameños, y que si bien la mayoría niega que se da este tipo de rechazo hacia los afrodescendientes, por otro lado analistas sociales aseguran que esta condición se mantiene en nuestra sociedad, la cual trata de disimularlo bajo el paraguas del  llamado «crisol de razas».

A finales de la década de 1960 y en los años 70, con la irrupción del gobierno militar, la lucha por los derechos de la etnia negra se incrementó. Su participación en la vida nacional fue ganando lentamente terreno en lo social, político y cultural.

Sin embargo, la existencia del énclave colonial conocido como Zona del Canal, administrada por Estados Unidos, mantenía vivo cierto nivel de discriminación racial, pese a que ya había desaparecido el oprobioso sistema del Gold Roll y Silver Roll que imperó por décadas tras la construcción de la vía interoceánica.

De esa discriminación racial nos queda el doloroso recuerdo de la injusticia sufrida por el obrero afropanameño Lester León Greaves, quien a sus 20 años de edad fue condenado a 50 años de prisión, tras ser acusado de estupro en perjuicio de una adolescente blanca, de padres estadounidenses, con quien mantenía un furtivo romance en ese entonces.

Si bien el caso de Greaves no volvió a repetirse en la Zona del Canal, nos quedó de ejemplo de cuan despótica era la actitud y tratamiento de los funcionarios zoneítas para con los panameños afrodescendientes en ese territorio administrado por ellos.

En el período post invasión, 1990, el panorama se tornó difícil para las minorías afrodescendientes, toda vez que la clase alta dominó el gobierno y se abrieron brechas económicas y sociales para los individuos de piel oscura y los sectores más pobres del país. Sin embargo, ya a fines de la década, el movimiento por los derechos del negro panameño resurgió al lograr ascensos en la justicia panameña como la designación de Graciela Dixon y Harley Mitchell en la Corte Suprema de Justicia.

Para intelectuales como Georges Priestley y Alberto Barrow, la discriminación hacia el individuo afrodescendiente antillano se mantiene, pese a que muchos lo nieguen y aseguren que en Panamá ello es imposible por el «crisol de razas» o mezcla heterogénea que se da de blancos, negros, indígenas, asiáticos y de otras regiones del planeta.

Incluso, hablan de discriminación entre afrodescendientes coloniales y antillanos, considerando que los primeros son más aceptados por llevar apellidos castellanos, frente a los caribeños que ostentan apellidos ingleses.

Agregan que la discriminación no solo se da a nivel de trato social; también se observa en lo laboral, donde el trabajador negro antillano no goza de las mejores posiciones u oportunidades en la estructura empresarial y del Estado. En ese sentido, sostienen que los gobiernos deben redoblar esfuerzos para que esta brecha social se cierre y nuestra sociedad sea más justa y homogénea.

Sin embargo, algunas instituciones han dado pasos positivos en la lucha por los derechos de la minoría afrodescendiente. Un caso es la Alcaldía de Panamá, donde opera una Dirección Municipal de Etnias, y desde donde se estructuran programas para darle mayores oportunidades de igualdad y atender sus problemas a las minorías raciales que integran la población panameña.