Los gobernantes deben respetar al pueblo

La bancada legislativa del PRD, decidió reunirse en la Parrillada Jimmy, después de culminar las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional y rechazar el aumento del bono solidario, de 80 a 300 balboas.

Dicha reunión, que contó con algunos dirigentes del partido, que no son diputados, fue convocada por su dirección, en la que aparecen las firmas de tres ministras de Estado, la de Salud Rosario Turner, la Ministra Consejera de Salud, Eyra Ruíz y la de Trabajo, Doris Zapata, esta última participó de la reunión.

Como resultado de protestas y denuncias, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General  de Salud, decidió sancionar al partido PRD con 50 mil balboas e igual suma, para los dueños del restaurante.

Es normal el debate sobre la legalidad o ilegalidad de la sanción y otros aspectos del caso.

Quiero referirme a otra arista del tema.

Si hay sanción por parte de una instancia del gobierno-Dirección General de Salud-Ministerio de Salud, al partido de gobierno, PRD, por una actividad convocada por la Dirección del partido de gobierno, firmada entre otros, por tres Ministras de Estado, significa que destacados miembros del gobierno, violentan las normas aprobadas por ese gobierno al cual pertenecen y aprobadas por esas Ministras. La Constitución Política en su artículo 17 señala claramente que las autoridades están instituidas para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes vigentes.

Los Decretos del Consejo de Gabinete, son aprobados por el Presidente de la República y los Ministros de Estado, ya que el Vicepresidente sólo tiene derecho a voz.

Desde el punto de vista ético, un subalterno, Dirección General de Salud, sanciona una actividad en la que sus superiores, dos Ministras de Salud y la de Trabajo, participan en la convocatoria y sanciona al partido de gobierno de las cuales ellas, son dirigentes, sin olvidarnos que la Ministra de Trabajo participa en la actividad. Toda esta confusa y engorrosa situación implica que las ministras involucradas deben renunciar o pedirle disculpas al pueblo panameño, por ser partícipes voluntaria o involuntariamente en  el escándalo en cuestión, al margen de las acciones legales que han sido adoptadas o se puedan presentar a futuro.

Hay acciones que son legales, pero inmorales, hay acciones que son ilegales e inmorales y hay acciones que son legales y morales.

Necesitamos gobernantes que respeten la Constitución y las leyes y que sirvan de ejemplo a la sociedad, pero sobre todo, gobiernen para todos y no sólo para su partido o grupo elitista, especialmente, cuando aumenta la cifra de muertos y casos positivos por el coronavirus.