Nuevas medidas contra Covid-19 benefician al empresariado y vulneran la vida y el salario de trabajadores y trabajadoras
Las normas aplicadas por el Gobierno del Presidente Laurentino Cortizo, coronadas con el Decreto Ejecutivo No.5 del 24 de enero de 2022, en medio del incremento de los casos y muertes por Covid-19, exhiben la alianza político-económica que se robustece entre el gran empresariado y el partido en función de gobierno.
La disminución de los días de cuarentena obligatoria por Covid-19 positivo, primero de 14 a 10 días y luego a solo 7 días, se decretó por el Ejecutivo sin ningún sustento científico, tal y como lo demandaron días antes los voceros empresariales. Así mismo, esta reducción de días exige la realización de un mayor número de pruebas de laboratorio, que, en la práctica, son pagadas por los trabajadores y las trabajadoras.
Esta medida, golpea específicamente a las mujeres y hombres de la clase trabajadora, quienes tendrán que arriesgar más sus vidas y la de sus familias, al exponerse en los lugares de trabajo con mayores posibilidades de contagio. Además, deberán pagar de sus bolsillos los días de aislamiento por haber sido contacto de alguien positivo en el trabajo o por presentar síntomas parecidos al Covid. Esto, como consecuencia de que el Gobierno ha sido incapaz de solucionar el problema de la falta de pago en los días aislamiento preventivo por Covid o cuando se agotan los días del fondo de enfermedad.
Sobre esta suspensión del salario, cada vez que un trabajador o trabajadora es enviada a casa por aislamiento preventivo o cuarentena, el Ministerio de Trabajo se sigue lavando las manos con esta responsabilidad y deja el sustento de las familias trabajadoras, a la suerte y a la muy escasa “buena voluntad” de las empresas.
La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convergencia Sindical, recuerda a la Ministra de Trabajo que la función central de la ley laboral, es proteger a la parte más débil de la relación entre el trabajo y el capital. E injustamente, sus decisiones privilegian y protegen a la parte más poderosa: La gran empresa. Y contradicen el discurso del Presidente Cortizo pronunciado el 3 de enero pasado, cuando se comprometió a reducir la desigualdad que hoy profundiza en la sociedad panameña.
