Red de Derechos Humanos exigen separación de la Defensora del Pueblo
Hace algunos meses las Defensoras y Defensores de derechos humanos y sus organizaciones denunciamos el peligro que se cernía sobre la Defensoría de Pueblo y las intenciones de hacer del único mecanismo institucional de protección de los derechos del pueblo, un nicho de manejo politiquero y volver a la práctica de hacer del mismo una “bolsa de trabajo” para seguidores partidarios sin preparación para el cargo.
La pesadilla se hizo realidad
En aquella ocasión denunciamos las presiones para la renuncia del Defensor Castillero y decíamos que la Defensoría del Pueblo, no es de ningún Partido político, de ningún Gobierno, de ningún Defensor o funcionario; es del Pueblo, de las Defensoras y Defensores de los derechos humanos. Desgraciadamente hoy vemos que todos nuestros temores se han convertido en realidad, la Defensoría del Pueblo ha caído en las garras del clientelismo y el rejuego de intereses, debilitando su labor de defensa y promoción de los derechos humanos en Panamá.
A confesión de parte, relevo de pruebas.
El día 1 de marzo en el diario la PRENSA aparece una entrevista a la actual Defensora del Pueblo a.i., donde lo dicho por ella, configura no solo el clientelismo político y el tráfico de influencias como método valido de su gestión, sino que evidencia negligencia en el ejercicio de una función pública. Sabemos que el tráfico de influencias es un delito estipulado en el artículo 354 del Código Penal, que nos habla de penas de 4 a 6 años y es una falta grave en el Código de ética del servidor público.
Los mecanismos de Derechos Humanos son un obstáculo para la Corrupción.
Su razón de ser es salvaguardar a la población de los abusos de Poder de los gobiernos y poderes fácticos depredadores y corruptos. En Panamá en las últimas décadas la corrupción y el contubernio para dilapidar y robarse los bienes y recursos públicos ha ido en aumento. Se ha capturado sectores importantes de la administración pública como parte del sistema corrupto para gestionar negociados, evadir impuestos, y robo. Todo esto bajo un manto de nuevas leyes y normas que protegen al delincuente de cuello blanco, al político corrupto que toma su labor, como un medio para traficar sus influencias. Existe una serie de trabas institucionales para romper la impunidad ante este tipo de delitos que nos roba la plena vigencia de los derechos humanos en Panamá.
Estamos a tiempo de ir por caminos de justicia, transparencia y paz.
Por lo antes expuesto las organizaciones defensoras de derechos humanos abajo firmantes exigimos a las autoridades lo siguiente:
• Al Procurador de la Administración que investigue a la funcionaria pública Maribel Coco quien ocupa el cargo de Defensora del Pueblo a.i., por tráfico de influencias, delito tipificado en el Código penal y el Código de ética del servidor público. No puede ser que acepte públicamente este tipo de delitos y no pase nada. Ver entrevista en La Prensa del 1 de marzo. Knockout de Flor Mizrachi. Urge que se investigue y tenga sanción ejemplar, pues con este proceder aceptado como “normal” por esta funcionaria, coloca en riesgo la integridad de la institución de derechos humanos, abriendo la puerta a intereses particulares en perjuicio de la transparencia, la justicia y el combate a la corrupción.
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• A la Asamblea Nacional se le exige que separe del cargo a esta funcionaria y proceda al nombramiento inmediato del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo. Ha pasado tiempo suficiente para estudiar las postulaciones que en su momento se dieron.
Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía a que defendamos nuestra Defensoría del Pueblo, entidad que logramos luego de décadas de activismo social, sin ella como mecanismos para dirimir conflictos sociales, individuales y colectivos se debilita la posibilidad de avanzar en una cultura de respeto y convivencia social, estamos a tiempo de no profundizar la espiral de violaciones y de impunidad que tarde o temprano desembocara en un clima de conflictividad y desestabilización social. La democracia real necesita de mecanismos de derechos humanos fuertes y con credibilidad, necesita tener certeza de castigo a los que infringen la Ley.
¡Tenemos derecho a defender nuestros derechos humanos, rechazamos el atentado a la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo!
Dado en Panamá a los dos días del mes de marzo del 2020.
Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos firmantes:
Asociación Ambiental de residentes de Coco del Mar y Viña del Mar
Alianza Ciudadana Pro Justicia
Alianza de Mujeres de Panamá
Centro de Estudios y Acción Social Panameño-CEASPA- Centro de Estudios y Capacitación familiar -CEFA-
Ciudadanos Unidos por la Constituyente -CUCO- Cinta Chocolate 30 de abril
CLADEM-Panamá
Espacio de Encuentro de Mujeres -EEM- Fondo De Seguridad Social Mujer y Niñez
Fundación para la Equidad de Género (FUNDAGENERO)
Voces de Mujeres Afrodescendientes
Instituto de Estudios Políticos Internacionales IEPI
Mesa de Análisis y Políticas Públicas de Personas con Discapacidad (MELEDIS)
Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistema de Bocas del Toro- MODETEB- Movimiento Independiente por Panamá -MOVIN- Unión Nacional de Mujeres de Panamá- UNAMUP- Red de Derechos Humanos de Panamá
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-PANAMÁ)
