El procurador de la Nación debe servir a la ciudadanía, no al Poder.
Un Procurador que transparenta su gestión y hace alianza con la ciudadanía, es un Procurador que tendrá la fuerza y la protección del pueblo al que sirve. La renuncia del procurador Eduardo Ulloa el día de ayer, es el caso opuesto.
Su nota de renuncia deja más vacíos que respuestas. El más alto funcionario del Ministerio Público debe poder tolerar la libertad de expresión y de prensa que es parte de la naturaleza del cargo. Si recibió presiones externas, sean mediáticas, políticas, económicas o criminales, está obligado por Ley e integridad personal a informar al país y a denunciarlas. Nueve procuradores en treinta y un años, en lugar de los tres que debieron cumplir sus términos de 10 años, son hechos que evidencian la crisis y fragilidad de un sistema de justicia, que la sociedad ya se plantea como fallido.
La ciudadanía se enfrenta de nuevo al peligro del cáncer social que es la impunidad, en casos tan importantes para la tranquilidad social como Odebrecht 1 y 2, escuchas telefónicas del ex presidente Martinelli, Blue Apple, FCC, los más de treinta casos de corrupción pública de alto perfil que involucran a las administraciones 2009-2014 y 2014-2019, a funcionarios y políticos del Ejecutivo y del Legislativo, los trece casos abiertos desde el inicio de la pandemia por posible corrupción de funcionarios del actual gobierno y las quince investigaciones reportadas abiertas en el doloroso caso de los albergues. Sin olvidar numerosos casos ordinarios que esperan primeras audiencias y vistas fiscales. Siendo una institución no colegiada e independiente, al menos en la letra constitucional, sin un líder a la cabeza de la Procuraduría General de la Nación que resista los embates externos y que declara que el sistema no es capaz de ofrecer soluciones ni garantizar derechos. Es la primera evidencia proveniente de uno de los principales miembros del sistema de justicia, sobre la crisis institucional en el servicio público de administración de justicia ¿Cómo se toman las decisiones ante declaraciones como estas? ¿Qué puede esperar la ciudadanía ante la inseguridad jurídica que generan? ¿Qué respaldo tendrán los fiscales superiores anticorrupción para proceder?
El efecto aciago no es solo a las instituciones de justicia, es a nuestro sistema democrático mismo, porque un poder judicial eficaz, imparcial y accesible es esencial al Estado de Derecho, pilar de la democracia. No podemos perder de vista que Panamá descendió a una calificación de treinta y cinco sobre cien en el Índice de Percepciones de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, #IPC2020, y que el Proyecto Mundial de Justicia ha calificado nuestro sistema de justicia penal en treinta y tres sobre cien; que tenemos una población carcelaria de más dieciséis mil personas de las cuales sesenta y cuatro por ciento están sin condena procesal y el sistema de justicia civil tiene una calificación de cincuenta sobre cien.
Hacemos, una vez más, un llamado a los poderes del Estado a que cumplan con sus mandatos constitucionales y legales que den el resultado de cambio urgente que se requiere: una Justicia libre de injerencias políticas, designación de personas íntegras, capaces y formadas, dotación de los presupuestos necesarios para implementar las carreras profesionales tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial, entre muchas otras.
Un sistema de justicia eficaz, imparcial y accesible que sirva a toda la ciudadanía por igual y acabe con la impunidad, es el primer paso a corregir la desigualdad y la desconfianza que corroe el tejido social.
