Tercer debate a cumplimiento de RES en los contratos de concesiones
La Asamblea Nacional entregará al Ejecutivo, tras aprobarlo en tercer debate, un proyecto que establece por ley que todas las empresas que pacten con el Estado presentarán un programa de inversión para el desarrollo de las comunidades máximamente apartadas en cumplimiento de la función de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Con una votación de 40 votos a favor, se aprobó el Proyecto 581, «que implementa la Responsabilidad Social en los Contratos de Concesiones y dicta otras disposiciones»; iniciativa legal que se extiende a todos los contratos que celebre la República de Panamá. El pleno, previamente, realizó las modificaciones a esta propuesta atendiendo el informe de objeciones del Ejecutivo.
Se deberá estipular una cláusula en el contrato de concesión que establezca la obligación de presentar, en un periodo que no exceda de treinta días hábiles, contado desde el inicio de las actividades objeto de la concesión, el diseño, desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial que llevarán a cabo, así como su plan estratégico de implementación y los beneficios que pretenden alcanzar en la comunidad o provincia.
Según se deja plasmado, su objetivo es poner en práctica actividades socialmente responsables a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones, que tiendan a alcanzar objetivos sociales, focalizados en aspectos como la erradicación de la pobreza, el respeto de los Derechos Humanos y los comportamientos responsables con el medio ambiente basados en la prevención y reparación de los daños en los ecosistemas.
La norma establece que las empresas concesionarias presentarán sus programas y proyectos de Responsabilidad social Empresarial ante la entidad correspondiente. Dichos proyectos deben ser desarrollados, prioritariamente, dentro de la comunidad o provincia en la cual se encuentra la concesión. La entidad respectiva asignará el porcentaje que debe ser designado a la ejecución de Las obras.
El Ejecutivo determinará, dentro de las cláusulas del contrato, los mecanismos de rendición de cuentas y de veeduría ciudadana.
